La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contemplar el regreso del seguro de gastos médicos mayores para ministros y altos funcionarios abrió un nuevo frente de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
CDMX — La presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente la propuesta presupuestal del máximo tribunal para 2027 y acusó a algunos integrantes de mantener prácticas alejadas de la política de austeridad impulsada en los últimos años.
El debate no solo gira en torno al restablecimiento de una prestación eliminada previamente, sino también al significado político del uso de los recursos públicos en un contexto marcado por la exigencia de reducir privilegios dentro de las instituciones del Estado.
La mandataria cuestionó que la Corte contemple destinar 146 millones de pesos para financiar nuevamente este beneficio, a pesar de que los funcionarios judiciales cuentan con acceso a los servicios del ISSSTE y perciben ingresos que, según sostuvo, les permitirían contratar una póliza privada con recursos propios.
El presupuesto de la Corte y el debate sobre la austeridad
Durante su posicionamiento, Sheinbaum recurrió a la ironía para expresar su desacuerdo con la postura asumida por los ministros.
“Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, se transforman, ha de estar embrujado, los espíritus del pasado. No está bien eso, es mi opinión, no a los privilegios”, declaró.
La presidenta insistió en que el dinero público debe destinarse a prioridades colectivas y no al financiamiento de prestaciones adicionales para servidores públicos con altos salarios.
También recordó que los ministros reciben percepciones equivalentes al salario presidencial y afirmó que, si desean mantener un seguro privado, deberían pagarlo con sus propios ingresos. Además, llamó a recuperar los principios de la austeridad republicana y evocó el legado de Benito Juárez como referente de servicio público.
La polémica surgió después de que, en una sesión privada, la Corte aprobara solicitar un presupuesto de 6 mil 104 millones de pesos para 2027, lo que representa un incremento nominal de 17.2 % respecto a los 5 mil 208 millones de pesos autorizados para el ejercicio anterior.
El proyecto también contempla la recuperación del seguro médico para más de 300 funcionarios de mando y recursos destinados al mantenimiento de inmuebles históricos.
La ministra Lenia Batres manifestó su desacuerdo con el incremento presupuestal y advirtió, mediante un oficio dirigido al Órgano de Administración Judicial, que la propuesta podría revertir los ajustes aprobados por el Congreso para 2026.
Además, durante la discusión se planteó la posibilidad de transferir hasta mil 800 millones de pesos provenientes del Tribunal de Disciplina Judicial para enfrentar un déficit de 128 millones de pesos en servicios personales.
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