El Gobierno de Alejandro Armenta ya entró de lleno al debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, defendió la nueva regulación y sostuvo que garantiza información “veraz, oportuna y objetiva” sin limitar la libertad de expresión.
El argumento parece difícil de objetar: ¿quién podría estar en contra de que los ciudadanos reciban información veraz? El problema comienza cuando se formula la pregunta siguiente: ¿quién verifica la información que proporciona el propio Gobierno?
García Parra sostiene que los medios deben distinguir entre información confirmada y opinión, y que los datos falsos no deben presentarse como hechos. Pero ese mismo principio debería aplicarse a la información gubernamental. El Estado también informa, interpreta, selecciona datos y construye indicadores que posteriormente utiliza para demostrar los resultados de sus políticas.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a Gobierno contra medios. Si una autoridad exige precisión a quienes informan sobre seguridad, economía, empleo, salud, presupuesto u obra pública, también debería garantizar que los datos oficiales sean completos, trazables, verificables y auditables.
¿De dónde surge un indicador? ¿Qué metodología utiliza? ¿Cuál es su línea base? ¿Qué variables fueron excluidas? ¿Cuándo se actualizó? ¿Quién lo revisó? Son preguntas elementales cuando se habla de información pública. La transparencia no consiste solamente en publicar el resultado que favorece al Gobierno, sino en permitir que cualquier ciudadano pueda reconstruir cómo se obtuvo.
Por eso resulta insuficiente afirmar que la regulación no pretende censurar. El verdadero debate está en los mecanismos mediante los cuales se determinaría qué información es falsa, descontextualizada o incorrecta, y en las consecuencias que podría tener esa determinación.
El reto democrático debería ser recíproco: si el Gobierno quiere información veraz, que haga verificable la información con la que gobierna. Que publique oportunamente sus datos, metodologías, series históricas, indicadores de desempeño y documentos de respaldo; y que permita su revisión por organismos técnicos, instituciones académicas y ciudadanos.
En Puebla, además, hay una pregunta inmediata para el propio García Parra. Durante su intervención destacó que SICOM se encuentra entre los diez medios más vistos y escuchados. Bien. Entonces corresponde conocer cuánto cuesta producir esa audiencia, cuál es el presupuesto del sistema, cuánto se destina a producción, promoción y redes sociales, y cuál es la metodología utilizada para medir su alcance.
No se trata de descalificar a SICOM ni de defender a los medios privados. Se trata de aplicar la misma vara.
Si el poder quiere convertirse en árbitro de la veracidad de los medios, primero debe aceptar que sus propios datos sean sometidos al escrutinio público. Porque en una democracia nadie debería poseer el monopolio de la verdad: ni los medios, ni los partidos, ni el Gobierno.
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