Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el acuerdo unánime con todos los estados para restringir el uso de celulares en las escuelas a partir del 3 de noviembre, el diputado Ricardo Monreal afirmó que los legisladores tienen el reto de plasmarlo en la ley para que sea un ordenamiento con generalidad, abstracción, obligatoriedad y coercitividad. La medida, de carácter administrativo a través de cada Secretaría de Educación estatal, requiere una ley que la haga permanente.
CDMX — El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina marcó un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas. A partir del 3 de noviembre, se aplicará un acuerdo que por unanimidad se logró con todos los estados del país para restringir el uso de celulares y otros aparatos electrónicos en las escuelas y en el recreo. El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, reaccionó al anuncio señalando que, aunque la medida es un paso importante, los legisladores tienen la responsabilidad de llevarla al terreno legal para que deje de ser un acuerdo administrativo y se convierta en una norma con características de generalidad, abstracción, obligatoriedad e incluso coercitividad.
Monreal subrayó que el acuerdo, de carácter administrativo a través de cada Secretaría de Educación estatal, es producto de un consenso entre todas las entidades federativas. Sin embargo, advirtió que un decreto del Ejecutivo no tiene el mismo alcance que una ley. "Ya dio el primer paso el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora nos toca a nosotros también dar el paso para hacerlo permanente", expresó el legislador en un mensaje difundido a través de sus redes sociales. En su intervención, justificó la medida argumentando que está demostrado que el exceso en el uso de estos aparatos electrónicos y plataformas digitales afecta la creatividad, el ingenio y, sobre todo, la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes.
El anuncio y la postura de Monreal reactivan el debate que en semanas anteriores había puesto sobre la mesa la organización México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey, que advirtieron sobre el riesgo de que la consulta de la SEP para definir los lineamientos nacionales sobre el uso de celulares se utilizara para validar una decisión ya tomada. La discusión de fondo, señalaron entonces, no es solo si los celulares deben prohibirse o regularse, sino cómo se forma a los docentes para el uso pedagógico de la tecnología y cómo se construye una política educativa que dimensione la doble faceta del dispositivo en el aula: como distractor, pero también como herramienta de aprendizaje. El reto legislativo que ahora plantea Monreal añade una nueva capa a ese debate: la necesidad de que cualquier restricción cuente con un marco legal sólido, que no dependa de la voluntad administrativa de cada gobierno estatal y que garantice su permanencia más allá de los ciclos políticos.
La medida, que entrará en vigor el 3 de noviembre, será aplicada por cada Secretaría de Educación estatal mediante un acuerdo administrativo. Para Monreal, ese carácter no es suficiente: una ley con generalidad, abstracción, obligatoriedad y coercitividad es lo que permitirá que la restricción del uso de celulares en las escuelas sea una política de Estado y no un acuerdo temporal. El camino legislativo, sin embargo, no está exento de complejidades. La regulación del uso de dispositivos en las aulas implica definir con precisión los alcances de la restricción, los mecanismos de supervisión, las sanciones en caso de incumplimiento y, sobre todo, la articulación con las autoridades educativas estatales, que son las que tienen la competencia directa sobre las escuelas. El debate está abierto, y el Senado y la Cámara de Diputados tienen ahora la responsabilidad de convertir un consenso administrativo en una norma jurídica que garantice su permanencia y eficacia.
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