El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reveló en su conferencia "La Mañanera de Puebla" del 14 de septiembre que en el estado se han integrado ocho Concejos Municipales y que más de 300 compañeros han salido por observancia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. "La omisión es complicidad", afirmó, al señalar que los presidentes municipales que saben de grupos delictivos operando en sus territorios tienen la obligación jurídica de informar. Las cifras confirman la magnitud de una crisis que el expediente ha documentado caso por caso: alcaldes detenidos, policías desertores, cámaras parásitas, obras fantasma y blindajes institucionales.
PUEBLA, PUE. — El gobernador Alejandro Armenta habló con la autoridad de quien sabe que tiene los números en la mano. En su conferencia matutina del 14 de septiembre, reveló que en Puebla se han integrado ocho Concejos Municipales —tres de ellos recientemente documentados: Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco— y que más de 300 compañeros han sido separados de sus cargos por observancia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Las cifras, inéditas hasta ahora, confirman que la crisis de gobernabilidad en el estado no es un fenómeno aislado, sino una realidad de escala estatal.
Armenta fue enfático en la obligación de denunciar. "Si tienen alguna información, si son amenazados, si hay alguna situación, informen", dijo a los presidentes municipales. "La omisión es complicidad." La frase, que ya había utilizado en su comunicado del 4 de septiembre, adquiere nueva dimensión cuando se confronta con el expediente. En Esperanza, el alcalde Isaac Rodríguez Ochoa fue detenido por presuntos vínculos con "Los Zúñiga", y 17 de 20 policías municipales desertaron. En Tepeyahualco, el alcalde Said de Jesús "N" fue detenido por secuestro exprés y robo de vehículo con violencia. En Tehuacán, las cámaras parásitas instaladas por grupos delictivos operaron sin que el gobierno municipal lo supiera. En Acatlán, la alcaldesa Guadalupe Bárcenas acusó a sus opositores de vínculos con "Los Rojos", mientras la regidora Maricruz Bello Nacer negaba esa versión y denunciaba amenazas.
El gobernador también abordó la responsabilidad de los ayuntamientos. "Si ocho consejos se han tenido que integrar, de quién es la responsabilidad. Pues de los que cometieron delitos", afirmó. La declaración deslinda al gobierno estatal de la crisis, pero el expediente ha documentado que la administración de Armenta blindó a Bárcenas durante meses a través del secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, y que la Auditoría Superior del Estado no emitió resultados sobre las obras fantasma por 2.2 millones de pesos ni sobre el subregistro poblacional de Santa María La Alta en Tlacotepec.
La mención de los "300 compañeros" separados por la Secretaría Anticorrupción es el dato más revelador. El expediente no había documentado una depuración de esa magnitud. La cifra sugiere que el gobierno estatal ha identificado un número considerable de funcionarios con presuntas irregularidades. La pregunta que queda abierta es si esa depuración incluye a los funcionarios municipales de —Martín Camargo en Tlacotepec, Alejandro Barroso en Tehuacán, Guadalupe Cuautle en San Andrés Cholula— o si se limita a casos de la administración estatal.
Armenta cerró con una frase que resume su postura: "Cero impunidad." La declaración es una promesa. Si los ocho Concejos Municipales se traducen en investigaciones efectivas sobre los desvíos, las amenazas y la colusión con el crimen organizado, la promesa tendrá sustento. Si los Concejos se limitan a garantizar la gobernabilidad sin tocar el fondo de las denuncias, la frase quedará como una declaración más de las que Región Global ha documentado. El gobernador tiene los números. Ahora tiene que demostrar que también tiene la voluntad real.
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