La senadora con licencia Julieta Ramírez, aspirante de Morena a la gubernatura de Baja California, enfrenta dos frentes de crisis: un proffer agreement con el Departamento de Justicia de EE.UU. y la revelación de que su operador territorial, Rubén Eduardo Sandoval, fue condenado en San Diego por narcotráfico. El caso de Ramírez se suma al de la gobernadora Marina del Pilar, quien también negoció con Washington, y expone la fragilidad de la estructura morenista en la frontera.
BAJA CALIFORNIA. — La contienda interna de Morena por la gubernatura de Baja California se ha convertido en un campo minado para el partido oficialista. La senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla, una de las principales aspirantes, enfrenta la revelación de que firmó un proffer agreement con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para proporcionar información a cambio de un posible beneficio, y que uno de sus operadores territoriales, Rubén Eduardo Sandoval Chávez, fue condenado en San Diego por posesión de más de 950 kilogramos de marihuana. La combinación de ambos casos coloca a Ramírez en una posición insostenible y expone la fragilidad de la estructura morenista en el estado.
El proffer agreement firmado por Ramírez es el mismo instrumento legal que utilizó la gobernadora Marina del Pilar Ávila, quien en julio pasado reconoció que había intentado cooperar con el gobierno estadounidense después de que le fuera cancelada su visa. La repetición del patrón —dos figuras morenistas negociando con Washington— sugiere que el círculo de poder en Baja California está bajo investigación y que la estrategia de defensa ha sido buscar acuerdos con las autoridades estadounidenses, una contradicción directa con la narrativa oficialista de "defensa de la soberanía" y rechazo a la "injerencia extranjera".
El caso de Sandoval Chávez es igualmente explosivo. Integrante de la estructura política de Ramírez, fue sentenciado en 2012 a 30 meses de prisión federal por posesión de marihuana, y hoy es empleado de confianza de la Secretaría de Bienestar en Tecate, regidor suplente y operador territorial de la campaña de la senadora con licencia. Su presencia en la campaña fue confirmada por videos en los que supervisaba el traslado de familias —beneficiarias de programas sociales— en camiones rotulados con logotipos del gobierno estatal hacia un evento político de Ramírez en Mexicali, un claro uso clientelar de recursos públicos. La pregunta que queda abierta es cómo una persona con antecedentes penales en Estados Unidos llegó a ocupar cargos clave en el aparato gubernamental y partidista.
La competencia interna de Morena en Baja California ya era tensa. Ramírez disputa la candidatura con Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, quien ha mantenido un perfil más bajo y no ha sido señalado por negociaciones con EE.UU. ni por operadores con antecedentes penales. La revelación de estos escándalos podría inclinar la balanza a favor de Burgueño, aunque también debilita al partido en su conjunto en un estado que Morena ganó en 2019 y 2024 con márgenes amplios, pero donde ahora enfrenta una caída de 7.2 puntos según el Poll of Polls 2027 de Región Global / Mexconomy. La ventaja sobre el PAN sigue siendo de 11.2 puntos, pero los escándalos podrían acelerar el desgaste.
El caso de Sandoval también contradice el discurso de Morena sobre la depuración de sus filas. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, anunció en julio una investigación exhaustiva de más de 20 mil aspirantes con el Gabinete de Seguridad para descartar vínculos criminales. Sin embargo, el operador de una de las principales aspirantes a una gubernatura no solo tiene antecedentes penales, sino que está activo en la estructura del partido. El filtro de seguridad, al menos en Baja California, parece no haberse aplicado o haber sido deliberadamente ignorado.
La elección de 2027 en Baja California será un referéndum sobre la capacidad de Morena para contener sus propias crisis. Si los casos de Marina del Pilar y Julieta Ramírez no son gestionados con contundencia —incluyendo la separación de perfiles cuestionados y una investigación transparente— el partido podría perder un estado que es clave para la Cuarta Transformación en el norte del país. La oposición, encabezada por el PAN, ya ha comenzado a capitalizar el desgaste, y el escenario de una derrota morenista en Baja California es cada vez más plausible.
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Rubén Eduardo Sandoval Chávez, integrante de la estructura política de la senadora Julieta Ramírez —aspirante de Morena a la gubernatura de Baja California—, fue sentenciado en 2012 a 30 meses de prisión federal por posesión de más de 950 kilogramos de marihuana. Hoy es empleado de confianza de la Secretaría de Bienestar en Tecate, regidor suplente y operador territorial de la campaña de Ramírez.
Baja California: Marina del Pilar pierde visa… y credibilidad tras intentar negociar con EE.UU.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta una crisis personal y política tras la cancelación de su visa estadounidense y la revelación de que contrató a un exagente del FBI y negoció con autoridades de EE.UU. en medio de una investigación. El caso, que incluye una oferta de "proffer letter" y una asesoría de 300 mil dólares, debilita a Morena de cara a la elección de 2027.
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