La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó la integración del expediente CGPC/HCE/001/2026 sobre la situación de Acatlán de Osorio, a partir de los escritos presentados por siete regidurías, el síndico municipal y el titular de la Dirección de Delegaciones de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. La Comisión facultó a su presidencia para realizar gestiones, investigaciones y solicitudes de información. El expediente se abre en medio de denuncias de regidores sobre obras inexistentes por 2.2 millones de pesos, amenazas y un plantón ciudadano.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El 3 de septiembre, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó el acuerdo para integrar un expediente sobre la situación de Acatlán de Osorio. El número de expediente es CGPC/HCE/001/2026. El acuerdo se tomó a partir de los escritos presentados por las siete regidurías y el síndico municipal del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, así como la ratificación del escrito promovido por Ciro Gavilán Domínguez, titular de la Dirección de Delegaciones de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
La Comisión facultó expresamente a su presidencia para diligenciar las gestiones, investigaciones y solicitudes de información que se estimen necesarias para integrar el expediente. El acuerdo no implica una determinación sobre el fondo del asunto, pero abre la puerta a que el Congreso pueda, en el futuro, declarar la desaparición de poderes en el municipio y designar un Concejo Municipal.
El expediente se abre en medio de una crisis que ha escalado durante meses. Los regidores de Acatlán han denunciado el pago de obras inexistentes por un monto superior a los 2.2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM, Ramo 33). Las obras señaladas son: la rehabilitación del camino rural San Vicente Boquerón a Garzones (418 mil pesos), el camino Nuevos Horizontes a San Miguel San Bernardo (1 millón 109 mil pesos), y el camino San Bernardo a Rancho de Lima (661 mil pesos).
La alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas ha sido blindada por el gobierno estatal desde el inicio de la crisis. La Auditoría Superior del Estado no ha emitido resultados sobre su gestión. La Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación contra los regidores que denunciaron los abusos, en lugar de investigar los desvíos. El plantón ciudadano frente a la presidencia municipal cumplió semanas sin una solución.
El presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Xavier González Chapa, explicó que con este expediente se busca dar cauce a las denuncias y determinar si existen elementos para una declaratoria de desaparición de poderes. Sin embargo, no precisó plazos ni el procedimiento que seguirá la Comisión.
La apertura del expediente es el primer paso formal del Congreso para abordar la crisis de Acatlán. Las denuncias de los regidores, el escrito de la Secretaría de Gobernación y la presión ciudadana han llevado al Legislativo a actuar. La pregunta que queda abierta es si el expediente derivará en una investigación efectiva y, eventualmente, en la remoción de la alcaldesa, o si quedará en un trámite burocrático que no resuelva la crisis.
0 Comentarios