El Congreso del Estado sesionará este sábado en sesión extraordinaria para definir la continuidad del gobierno de Acatlán de Osorio, luego de que los 10 integrantes del Cabildo —ocho regidores, el síndico y la alcaldesa Guadalupe Bárcenas— presentaron sus renuncias. La Comisión de Gobernación dictaminará por la mañana y el Pleno votará por la tarde el nombramiento de un Concejo Municipal. En juego está si la transición cierra las denuncias de obras fantasma por 2.2 millones de pesos, o si solo cambia los nombres sin tocar el fondo del conflicto.
Región Global — El sábado será el día decisivo para Acatlán de Osorio. El Congreso del Estado celebrará una sesión extraordinaria para definir la continuidad del gobierno municipal, luego de que la totalidad del Cabildo presentó sus renuncias. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por Julio Huerta, sesionará por la mañana para dictaminar el asunto. Por la tarde, el Pleno se reunirá para votar el nombramiento del Concejo Municipal que sustituirá al ayuntamiento dimitido.
El procedimiento formal está encaminado. El Congreso recibió las renuncias por escrito de los ocho regidores, el síndico y la presidenta municipal Guadalupe Lucero Bárcenas. La última renuncia, la del regidor Jesús Reyes Ramírez, fue ratificada con fe pública notarial a las 12:45 horas del 10 de septiembre. Con ello se completaron las 10 dimisiones que integran el expediente CGPC/HCE/001/2026. La Junta de Gobierno y Coordinación Política evaluará los perfiles para conformar el organismo sustituto.
Lo que se decide el sábado no es solo quién gobernará Acatlán en los próximos meses. Es si las denuncias que detonaron la crisis serán investigadas o enterradas con la transición. El expediente documenta el pago de al menos tres obras inexistentes por 2.2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM, Ramo 33): el camino San Vicente Boquerón a Garzones (418 mil pesos), el camino Nuevos Horizontes a San Miguel San Bernardo (1 millón 109 mil pesos) y el camino San Bernardo a Rancho de Lima (661 mil pesos). Los regidores que documentaron estos desvíos denunciaron amenazas y bloqueos institucionales; la Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación contra ellos, no contra los responsables de los desvíos.
La Auditoría Superior del Estado no ha emitido resultados sobre la gestión de Bárcenas. La Fiscalía General del Estado no ha investigado las obras fantasma. Los contratistas recomendados por el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala y el exdiputado Jorge Estefan Chidiac no han sido señalados formalmente. La renuncia de Bárcenas allana el camino para la instalación del Concejo, pero no cierra ninguna de estas investigaciones. El sábado, el Congreso puede decidir si el Concejo Municipal hereda el expediente y lo continúa, o si la transición se convierte en el mecanismo para archivar el caso.
La regidora Maricruz Bello Nacer afirmó ante el Congreso que la Secretaría de Gobernación de Puebla obstaculizó las mesas de diálogo para resolver la crisis. Denunció amenazas contra integrantes del Cabildo y negó vínculos con "Los Rojos". Su testimonio deja una pregunta que el Congreso deberá responder el sábado: ¿el Concejo Municipal será integrado por perfiles ciudadanos que investiguen los desvíos, o por operadores políticos que garanticen la gobernabilidad sin tocar el fondo del conflicto?
Tres meses de confrontación interna que deterioraron la gobernabilidad y la operación administrativa de Acatlán. La sesión extraordinaria del sábado cierra formalmente el capítulo del Cabildo dimitido. Pero el cierre formal no equivale a justicia. Lo que el Congreso decida el sábado definirá si Acatlán entra en una etapa de investigación y rendición de cuentas, o si la transición se convierte en un cambio de nombres que deja intactas las obras fantasma, las amenazas y el blindaje.
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