El Congreso del Estado aprobó el 12 de septiembre la revocación del mandato de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas, la desaparición del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio y la designación de un Concejo Municipal que concluirá el periodo 2024-2027. La decisión llega tres meses después del plantón ciudadano, dos meses después de las denuncias de obras inexistentes por 2.2 millones de pesos y nueve días después de que el Congreso abriera el expediente CGPC/HCE/001/2026. El desenlace formal era previsible. Lo que queda por verse es si la transición investiga los desvíos o los entierra con el Cabildo dimitido.
PUEBLA DE ZARAGOZA/ACATLÁN, PUEBLA. — El 12 de septiembre, el Pleno del Congreso del Estado sesionó de manera extraordinaria para aprobar los dictámenes que revocan el mandato de las y los presidentes municipales, regidores y síndicos de Acatlán, Esperanza y Tepeyahualco. En el caso de Acatlán, la decisión declara la desaparición del Ayuntamiento y designa un Concejo Municipal que concluirá el periodo constitucional 2024-2027. La alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, los ocho regidores y el síndico quedan fuera del cargo. El expediente venía anticipando este desenlace desde que los regidores denunciaron amenazas, obras fantasma y bloqueos institucionales.
La crisis de Acatlán escaló durante tres meses. Los ciudadanos mantuvieron un plantón frente a la presidencia municipal exigiendo la revocación de mandato. Los regidores documentaron el pago de al menos tres obras inexistentes por 2.2 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM, Ramo 33): el camino San Vicente Boquerón a Garzones (418 mil pesos), el camino Nuevos Horizontes a San Miguel San Bernardo (1 millón 109 mil pesos) y el camino San Bernardo a Rancho de Lima (661 mil pesos). La Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación contra los regidores denunciantes. La Auditoría Superior del Estado no emitió resultados. El gobierno estatal blindó a Bárcenas a través del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
El 3 de septiembre, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales abrió el expediente CGPC/HCE/001/2026, a partir de los escritos de las siete regidurías, el síndico y el titular de la Dirección de Delegaciones de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Nueve días después, el Pleno aprobó la desaparición del Ayuntamiento. La celeridad del proceso contrasta con la lentitud de los meses anteriores, cuando la Auditoría no investigaba, la Fiscalía no actuaba y la Segob bloqueaba las mesas de diálogo, según la denuncia de la regidora Maricruz Bello Nacer.
La desaparición del Ayuntamiento cierra el capítulo formal del Cabildo dimitido, pero no cierra las investigaciones de fondo. Las obras fantasma por 2.2 millones de pesos permanecen sin investigación. Las amenazas contra los regidores no han sido esclarecidas. El bloqueo de la Segob a las mesas de diálogo no ha sido respondido. Los contratistas recomendados por Aguilar Pala y el exdiputado Jorge Estefan Chidiac no han sido señalados formalmente. La transición formal no equivale a justicia; equivale a un cambio de administración.
El Concejo Municipal que gobernará Acatlán tendrá la facultad de continuar o archivar las investigaciones pendientes. La Junta de Gobierno y Coordinación Política evaluó los perfiles de los integrantes. La diputada Delfina Pozos Vergara votó en contra porque exigió conocer los perfiles. El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez se abstuvo porque no hubo consenso ni se compartieron los dictámenes con anticipación. La gobernabilidad se impuso sobre la transparencia, y el expediente seguirá documentando si esa gobernabilidad incluye rendición de cuentas.
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