En el Centro Escolar Rafael Ávila Camacho de San Martín Texmelucan, 350 mil pesos de cuotas de familias están desaparecidos. El ex tesorero del Comité de Padres, Raúl N., asegura haber sido víctima de un asalto, pero los padres cuestionan su versión por presuntas inconsistencias, incluida la demora en denunciar. La CORDE 18 acudió sin dar respuestas claras.

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. — La confianza de las familias del Centro Escolar Rafael Ávila Camacho, en San Martín Texmelucan, se rompió junto con la desaparición de 350 mil pesos. El dinero, recaudado a través de las cuotas que mes con mes aportan los padres, se esfumó, y la versión oficial del ex tesorero del Comité de Padres, Raúl N., no ha hecho más que sembrar dudas. El señalado asegura que fue víctima de un asalto, pero los padres de familia cuestionan su relato y apuntan a una serie de inconsistencias que, dicen, huelen a un posible autorrobo.

Entre las inconsistencias más señaladas está la demora para presentar la denuncia formal ante las autoridades, un retraso que, para los inconformes, resulta inexplicable si realmente se trató de un atraco violento. Hasta el momento, no se ha confirmado si existe una denuncia formal por parte de Raúl N., lo que alimenta la desconfianza de una comunidad escolar que exige transparencia y respuestas contundentes sobre el paradero de un dinero que pertenece a las familias.

La Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 18 (CORDE 18) acudió al plantel, escuchó los reclamos de los padres y se retiró sin ofrecer soluciones claras ni un compromiso concreto de investigación. Esta ausencia de respuestas institucionales ha indignado a los tutores, quienes se preguntan cómo es posible que una suma de tal magnitud haya estado bajo el resguardo de una sola persona sin los controles mínimos de supervisión. La pregunta incómoda sobrevuela el caso: ¿dónde estaban los mecanismos de vigilancia y fiscalización sobre los recursos de las cuotas escolares?

Más allá de determinar si se trató de un asalto o de un posible autorrobo —una tarea que corresponde a las autoridades ministeriales—, el episodio deja al descubierto una falla mayúscula en la administración de los recursos escolares. Las familias del Centro Escolar Rafael Ávila Camacho exigen una investigación exhaustiva, que se aclare el destino del dinero y que alguien responda por su desaparición.

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