La Fiscalía mexiquense presentó más de 60 pruebas contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija y la niñera en Atizapán; la audiencia sigue el 9 de septiembre.
EDOMEX. — El expediente judicial del ataque contra la familia de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, dejó de ser una escena aislada en un fraccionamiento de lujo y se convirtió en un caso donde la riqueza, la cercanía social y la respuesta institucional quedaron bajo revisión. La reconstrucción complementa la primera entrega: ya no solo hay datos de prueba y prisión preventiva, también hay una crónica del tiempo perdido dentro de Grand Viure, en Zona Esmeralda, y una pregunta incómoda sobre qué cuerpos merecen la misma urgencia.
La Fiscalía del Estado de México informó que cumplimentó órdenes de aprehensión contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo de una femenina con cuatro meses de gestación y crueldad contra seres sintientes por la muerte de una canina. Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla a disposición de la autoridad judicial. En audiencia, el Ministerio Público presentó más de 60 datos de prueba; una jueza con sede en Tlalnepantla dictó prisión preventiva oficiosa y la continuación quedó fijada para el 9 de septiembre a las 9:30 horas.
Entre el material exhibido están entrevistas con la vigilante del fraccionamiento y con un amigo de Meléndez, grabaciones del inmueble, dictámenes de balística, criminalística y química, exámenes del médico legista y objetos asegurados en dos cateos. Las imágenes fijan un lapso preciso: ingreso el martes a las 17:23 horas y salida a las 19:40. También muestran, según la acusación, a Gerardo “N” esperando en el inmueble mientras Diego Sebastián “N” permanecía en el penthouse. La placa sobrepuesta al Kia usado para ingresar tenía reporte de robo desde agosto, en la misma colonia donde reside el principal imputado.
El periodista Osvaldo Müller añadió una versión más dura: el niño sobrevivió cinco horas bajo una cobija, sin hacer ruido; su relato atribuye al agresor una trayectoria de fraude inmobiliario, pérdida patrimonial y un perfil psicopático señalado por las primeras valoraciones de autoridades. En esa reconstrucción, Diego Sebastián “N” habría ganado confianza de la familia citando a Meléndez como socio, sometió a la esposa embarazada, a la hija de 3 años y a la trabajadora doméstica, amarró a la mascota y llamó al músico con una frase que resume el secuestro doméstico: “Tengo a tu familia, quiero que vengas, tú tienes algo que quiero”. El móvil apuntaría a una memoria con contraseñas de criptomonedas; la primera entrega señaló 3 millones de pesos, mientras Müller habló de 30 millones, contradicción que obliga a esperar el expediente probatorio.
La negligencia también tiene rostro institucional. Según Müller, el amigo que acompañó a Meléndez bajó a pedir ayuda: “Hay alguien armado, hay peligro”, pero la vigilancia respondió “No, no podemos” y la administración se negó igual. Una patrulla municipal de Atizapán de Zaragoza acudió, Meléndez dijo desde dentro que no podía recibirlos y se retiraron; dos horas después regresaron, ya ante la insistencia del amigo. “Se pudo haber evitado, sí, sí la seguridad privada hubiera hecho las cosas como correspondía”, afirmó. Esa frase no es retórica: abre una línea de responsabilidad distinta del autor material, porque el control de acceso y la reacción inmediata fallaron donde el crimen ocurrió.
La defensa de Rodrigo Pastrana sostuvo que no apoya ni consiente las acusaciones, pero advirtió que “no es lo mismo ser acusado que ser responsable” y pidió libertad por presuntas irregularidades en las aprehensiones. La disputa ya no pasa solo por culpables y víctimas; incluye debido proceso, capacidad de respuesta municipal, seguridad privada y el tratamiento desigual de los casos violentos. La académica Marilú Rojas, de la Universidad Iberoamericana, lo planteó sin eufemismos: hay que desarticular la violencia “en lo pequeño, en lo cotidiano, en el barrio”, pero también preguntarse “qué cuerpos son los que importan y qué cuerpos son los que no importan”. Su diagnóstico apunta a la indignación selectiva: la sociedad se exalta ante ciertos multihomicidios y luego olvida otros feminicidios, homicidios y casos con menores.
El expediente queda así en dos planos. En el penal, el caso avanza con prisión preventiva, más de 60 pruebas y una audiencia pendiente; en el social, expone una franja de ingresos, alquileres de 100 mil pesos, criptomonedas, bienes en México y España, y una red de confianza que se volvió trampa. El móvil exacto, el monto real de la memoria y la responsabilidad de cada eslabón deben fijarse en el expediente, no en la indignación. Mientras tanto, el menor que sobrevivió siete horas de terror cotidiano —cinco bajo la cobija, según la reconstrucción periodística— queda como síntoma de una falla más amplia: la violencia no terminó cuando salieron los imputados; continuó en cada puerta que no se abrió.
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