La Cámara de Diputados analizó la iniciativa presidencial para crear la Ley de Economía Digital, que busca ampliar los pagos electrónicos y la inclusión financiera, mientras legisladores y empresas pidieron evitar costos, exclusión y riesgos para pequeños negocios.

CDMX — La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados analizó la iniciativa presidencial que propone expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la participación de funcionarios públicos y representantes de los sectores financiero, empresarial y tecnológico. La propuesta busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y facilitar las operaciones de personas, comercios y autoridades.

El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, señaló que el reto no consiste únicamente en aprobar un nuevo marco jurídico, sino en garantizar su aplicación coordinada en los tres órdenes de gobierno, con infraestructura suficiente, reglas claras y una transición que considere las distintas condiciones económicas, sociales y territoriales del país.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la iniciativa contempla planes de conectividad y mecanismos de inclusión financiera. Los comercios que acepten pagos digitales deberán contar con infraestructura para recibirlos, informar a sus clientes los medios disponibles y atender fallas de operación. En el sector público, los tres niveles de gobierno quedarían habilitados para aceptar pagos digitales en trámites y servicios.

Durante la discusión surgieron dudas sobre las condiciones para comunidades sin conectividad, personas sin cuentas bancarias y pequeños comercios rurales. Legisladores también plantearon revisar las comisiones bancarias, los costos de terminales, equipos y conectividad, así como fortalecer la protección de datos personales. Patricia Flores Elizondo cuestionó qué ocurrirá con quienes viven en zonas donde la tecnología todavía no está disponible.

Representantes del sector privado coincidieron en que la digitalización puede ampliar la inclusión financiera, aunque plantearon condiciones para evitar que la transición genere nuevas cargas. Rafael Ávila advirtió sobre los efectos de restringir el efectivo en determinados sectores, mientras Georgina Bertolotti pidió una implementación gradual y con plazos razonables. Otros participantes propusieron reducir o eliminar comisiones para pequeños negocios.

La discusión también abordó la permanencia del efectivo. La diputada Merary Villegas Sánchez sostuvo que la propuesta no plantea eliminarlo de manera general y que, ante contingencias, podría utilizarse. El debate legislativo deberá precisar los sectores considerados estratégicos, las condiciones para aplicar pagos digitales y los mecanismos de protección para usuarios y negocios.

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