Habitantes de Esperanza salieron a las calles este domingo para exigir mayor seguridad ante el aumento de robos y asaltos tras la detención del alcalde Isaac Rodríguez Ochoa y la imposición de un Concejo Ciudadano presidido por Raúl Pineda. Los manifestantes reclamaron que el Gobierno del Estado quitó al edil pero no puso orden, y que el municipio está abandonado a su suerte por un Concejo que "no conoce ni las calles". Pineda salió a dar la cara y prometió mesas de diálogo. Los habitantes respondieron con la misma frase de siempre: puro atole con el dedo.
ESPERANZA, PUEBLA. — Esperanza fue, durante años, un municipio en el que el crimen organizado operaba con la complicidad del gobierno local. El 7 de septiembre, el Operativo Enjambre detuvo al alcalde Isaac Rodríguez Ochoa por presuntos vínculos con "Los Zúñiga", un grupo dedicado al robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz. La detención fue celebrada como un golpe contra la impunidad. Pero tres semanas después, el municipio estalló. Los habitantes salieron a las calles para exigir seguridad, hartos de los robos y asaltos que se han disparado desde que el gobierno estatal impuso un Concejo Ciudadano para cubrir el vacío que dejó la caída del edil.
La protesta no es un capricho. Es el resultado de una transición mal ejecutada. El Gobierno del Estado desarticuló la estructura criminal incrustada en el ayuntamiento, pero no construyó una alternativa de seguridad funcional. De los 20 policías municipales que tenía Esperanza, 17 desertaron y quedaron bajo investigación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. La SSP dispuso 20 policías estatales para hacerse cargo de la seguridad, pero los manifestantes señalan que el municipio sigue sin protección. El Concejo presidido por Raúl Pineda no ha logrado restablecer el orden.
Los habitantes lo dijeron sin rodeos: el Concejo fue impuesto por el Gobierno del Estado, no conoce las calles del municipio y no tiene capacidad operativa para enfrentar la inseguridad. La crítica conecta con la denuncia que la diputada Delfina Pozos Vergara hizo en el Congreso cuando votó en contra de los dictámenes de los Concejos: exigió conocer los perfiles de los integrantes. El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez se abstuvo porque no hubo consenso ni se compartieron los dictámenes con anticipación. La crítica ciudadana confirma lo que los legisladores advirtieron: los Concejos fueron designados sin considerar el conocimiento local ni la capacidad operativa.
Raúl Pineda salió a dar la cara. Atendió a los manifestantes, escuchó los reclamos y prometió establecer mesas de diálogo para reforzar la vigilancia. La respuesta es la misma que el expediente ha documentado en otros municipios: en Acatlán, la Segob convocó a una reunión después de meses de plantón; en San José Chiapa, el gobierno emitió comunicados mientras abría carpetas contra los opositores; en Tehuacán, Barroso respondió a las denuncias de Protección Civil con un comunicado que desmentía las carencias. La promesa de mesas de diálogo no resuelve la urgencia. Los habitantes de Esperanza no necesitan mesas; necesitan patrullas.
La crisis de Esperanza plantea una pregunta que el Gobierno del Estado no ha respondido: ¿cómo se garantiza la gobernabilidad después de desarticular una red criminal incrustada en el ayuntamiento? La detención del alcalde fue un paso necesario. Pero la destitución sin un plan de seguridad generó un vacío que el crimen organizado sigue ocupando. La gente vive con miedo mientras la autoridad solo simula que trabaja. La protesta de este domingo es la expresión de un municipio que se siente abandonado por el mismo gobierno que prometió protegerlo.
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