El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que Adalit Aguilar, esposa de Rubén Alberto Curiel Tejeda, sostuvo que el exfuncionario se quitó la vida y que la familia prefirió descartar la intervención de la FGR. El mandatario llamó a evitar especulaciones mientras la FGE continúa las indagatorias.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El caso de Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal Anticorrupción y coordinador jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, dio un vuelco tras las declaraciones del gobernador Alejandro Armenta Mier. El mandatario informó que Adalit Aguilar, esposa del funcionario fallecido, sostuvo que Curiel Tejeda se quitó la vida y que la familia prefirió descartar la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación. Armenta llamó a evitar especulaciones mientras las autoridades locales deslindan las indagatorias correspondientes.
La decisión de la familia cierra la puerta a una investigación federal y deja el caso en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que ya había informado mediante el Comunicado No. 036 que los indicios preliminares apuntan a una posible muerte autoinfligida. La dependencia precisó que no daría el caso por concluido hasta agotar las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.
Curiel Tejeda fue hallado sin vida el viernes 25 de septiembre en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, en el Sótano 3, al interior de una camioneta. Su paso por la Fiscalía lo vinculó con denuncias contra altos funcionarios de la Fiscalía de Puebla provenientes del Estado de México, señalados por una presunta red de extorsión. Ese contexto de tensiones internas y señalamientos permanece como un elemento relevante del expediente, aunque la versión de la familia y los indicios preliminares de la FGE apuntan a un suicidio.
La declaración del gobernador Armenta es el primer pronunciamiento oficial sobre la negativa de la familia a que la FGR atraiga el caso. El mandatario no ofreció detalles adicionales sobre las razones de la familia para rechazar la intervención federal, ni sobre el estado de las investigaciones locales. La FGE, por su parte, mantiene las diligencias ministeriales y periciales correspondientes, con respeto a la privacidad de los deudos.
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