La FGE detuvo a Hugo Arturo Mendoza, quien promovió amparos ciudadanos contra el cablebús, por violencia familiar y lesiones dolosas. Organizaciones no niegan la denuncia, pero exigen debido proceso y el cese de condenas mediáticas anticipadas.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió el sábado 26 de septiembre una orden de aprehensión contra Hugo Arturo Mendoza González, abogado promotor de amparos ciudadanos contra el Sistema de Transporte por Cable (cablebús) y representante del Colectivo Hermanos Serdán. La detención se realizó en la calle 43 Poniente, colonia Huexotitla, en cumplimiento de un mandato judicial emitido por un Juez de Control de la Región Judicial Centro.
De acuerdo con el comunicado oficial de la FGE, a Mendoza se le imputan los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas en agravio de su expareja. La fiscalía detalla que el 22 de agosto de 2026, la denunciante acudió a un domicilio a recoger sus pertenencias, donde presuntamente fue agredida física y verbalmente, sujetada del cuello y derribada al suelo, hasta lograr liberarse y pedir ayuda. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.
La denunciante, identificada como Nadia Vargas, de 22 años, publicó un video para ratificar sus señalamientos, en el que relató que Mendoza la golpeó, pateó y ahorcó el 22 de agosto, y precisó que los elementos de la policía que acudieron al lugar de los hechos le brindaron ayuda. Con ello respondió a la versión que, según ella misma señala, Mendoza había ofrecido públicamente: que fue ella quien ingresó a su domicilio para agredir a su actual pareja y que él únicamente la "repelió".
Horas después de conocerse la detención, el Colectivo Hermanos Serdán, junto con las organizaciones Colonos Resurgimiento, Cuerpo Raíz, Asamblea Social del Agua y el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, dirigieron un pronunciamiento conjunto a la FGE, al gobernador Alejandro Armenta Mier, a organizaciones de derechos humanos y a medios de comunicación. El texto no niega la denuncia ni pide impunidad: exige información oficial sobre la situación jurídica y las condiciones de detención de Mendoza, garantías de defensa adecuada, una investigación imparcial que valore las pruebas de ambas partes —incluidas las videograbaciones que el propio colectivo difundió previamente—, protección a la denunciante sin revictimización, y el cese de filtraciones y condenas mediáticas anticipadas.
El pronunciamiento sitúa el caso dentro de una lista de precedentes que las organizaciones firmantes describen como parte de un patrón de criminalización hacia la protesta y de persecución contra defensores de derechos humanos en Puebla: los casos de Renato Romero y Pascual Bermúdez, el intento de secuestro de la abogada Miriam Estrada, el encarcelamiento del defensor Alejandro Martínez, y la agresión que, según el texto, sufrieron opositores al cablebús frente al Congreso del estado.
Las dos versiones sobre los hechos del 22 de agosto no coinciden. El relato oficial de la FGE —sometimiento físico, sujeción del cuello y golpes hasta que la denunciante logró liberarse— coincide con lo que ella misma narró en su video. La versión que Mendoza ha ofrecido públicamente, según lo describe la propia denunciante, es distinta.
Mendoza permanece recluido en el penal de San Miguel en tanto la autoridad judicial resuelve su situación jurídica. Conforme al principio de presunción de inocencia, no existe hasta el momento una determinación sobre su responsabilidad penal.
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