El Ayuntamiento de Puebla, a través de la Secretaría de las Mujeres municipal, y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado firmaron un convenio para fortalecer los Centros LIBRES en San Francisco Totimehuacan, San Sebastián de Aparicio y Santo Tomás Chautla. El acuerdo busca articular acciones de prevención de violencias y promoción de derechos en estas comunidades.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado firmaron un convenio de colaboración para fortalecer los Centros LIBRES en tres juntas auxiliares de la capital: San Francisco Totimehuacan, San Sebastián de Aparicio y Santo Tomás Chautla. El acuerdo busca articular acciones de prevención de violencias y promoción de derechos de las mujeres en el territorio.
El alcalde Pepe Chedraui señaló que la alianza interinstitucional permite ampliar los espacios de orientación y respaldo para las mujeres, mientras que la secretaria estatal de las Mujeres, Yadira Lira, subrayó que el convenio unifica capacidades en favor de la seguridad y dignidad de las poblanas. La titular de la Secretaría de las Mujeres municipal, Zaira González, afirmó que las políticas públicas deben traducirse en herramientas concretas y llegar al territorio para avanzar hacia la igualdad sustantiva.
La firma del convenio supone el reconocimiento de que los Centros LIBRES requieren fortalecimiento institucional. Sin embargo, el convenio no precisa los recursos económicos que se destinarán, el número de personal que se sumará a estos centros ni los indicadores para medir el impacto de las acciones. Tampoco se especifica si el convenio incluye capacitación especializada para el personal o si se ampliarán los horarios de atención, dos factores clave para que estos espacios sean realmente accesibles para mujeres que trabajan o tienen responsabilidades de cuidado.
El programa buscará vincularse con otras políticas sociales, aunque no se detallan los mecanismos de coordinación. Los Centros LIBRES operan desde 2022 como espacios de atención psicosocial y jurídica para mujeres en situación de violencia, pero su cobertura ha sido limitada y su capacidad de respuesta se ha visto rebasada en momentos de alta demanda. Este convenio, más que una solución estructural, parece un parche administrativo para mantener operativos los centros sin abordar sus deficiencias de fondo.
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