El coordinador José Luis García Parra presentó un análisis digital sin metodología publicada que acusa a la oposición de usar bots contra el STC en Puebla, mientras mantiene ocultos más de 70 estudios técnicos prometidos desde marzo y el "avance" físico del 2% del Cablebús.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, REGIÓN GLOBAL — El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, utilizó la quinta emisión del programa Derecho de Réplica para presentar un análisis digital que califica la oposición al Sistema de Transporte por Cable como una campaña orquestada por bots y el PAN, sin publicar la metodología, la fuente de los datos ni los nombres de las firmas que elaboraron el estudio. La presentación, realizada este 2 de septiembre de 2026, coincide con un avance físico del proyecto del 2 por ciento y con el incumplimiento documentado de entregar más de 70 estudios técnicos que la ciudadanía solicitó desde marzo.
El funcionario exhibió cifras contundentes: 413 mil menciones, 61 mil 500 actores únicos, 100 millones de impresiones y 2.2 millones de interacciones entre enero y agosto de 2026. Aseguró que el 63 por ciento de la conversación es positiva, el 27 por ciento negativa y el 10 por ciento neutral; además, afirmó que el 93 por ciento de las interacciones negativas proviene de cuentas ligadas al PAN. Sin embargo, no precisó quién realizó el análisis, con qué herramientas se clasificaron las menciones ni cómo se determinó la vinculación partidista de los usuarios, por lo que los números carecen de contraparte verificable.
La narrativa oficial contrasta con el historial documentado del proyecto. Desde febrero de 2026, colectivos ambientales y vecinales han realizado siete marchas contra el trazo del cablebús, obtuvieron una suspensión provisional contra la tala de árboles y un amparo con el Acuerdo de Escazú que sigue activo. El gobierno estatal canceló tres reuniones prometidas con organizaciones durante la segunda semana de marzo, incumplió la entrega de estudios para el 30 y 31 de marzo y anunció un micrositio con documentos el 15 de julio que hasta la fecha no tiene fecha de lanzamiento. Ante este escenario, la afirmación de que la preocupación ciudadana es genuina pero basada en desinformación funciona como un mecanismo de deslegitimación que reconoce la voz del ciudadano para anular su contenido.
El discurso de García Parra se inscribe en una escalada documentada. El 9 de marzo el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que oponerse al proyecto es un delito; el 28 de julio anunció carpetas de la Fiscalía General del Estado contra opositores del Polo de San José Chiapa; el 31 de julio calificó la crítica como una campaña desde el odio. Ahora, el 2 de septiembre, la oposición al cablebús es una fábrica de mentiras. La secuencia muestra una progresión que criminaliza la disidencia: primero fue conducta delictiva, luego motivación emocional patológica, hoy es una industria coordinada.
García Parra acusó a TV Azteca de generar mil 104 notas negativas junto con filiales en Hidalgo, Jalisco, Durango, Zacatecas, Michoacán, Querétaro y Tabasco, vinculando la cobertura con un convenio fallido por 2 mil 300 millones de pesos. Al exponer públicamente una negociación comercial no concretada para desprestigiar al medio, el gobierno admite implícitamente que carece de respaldo mediático unánime. Mientras tanto, omite responder preguntas técnicas pendientes: no existe un resolutivo de Manifestación de Impacto Ambiental general, sino una estrategia fragmentada por estación; la cifra de árboles a talar ha oscilado entre 746 y 77 en siete versiones distintas; y el esquema legal del predio Mayorazgo sigue sin precisarse pese a que el Cabildo ya donó tres parques de forma permanente el 28 de agosto.
El proyecto mantiene un avance financiero del 32.55 por ciento, equivalente a 2 mil 197 millones de pesos ejercidos, pero una ejecución física del 2 por ciento. García Parra insistió en que el sistema será autosostenible, que no generará deuda para el estado y que el gobierno dejará de cubrir el mantenimiento después del segundo año. Sin embargo, no explicó de qué partida surgieron los recursos ya gastados ni presentó documentos que sustenten la afirmación. Cuando un gobierno dedica un programa estatal a denunciar bots en lugar de exhibir licencias, permisos y estudios técnicos, la transparencia se convierte en su contrario: una operación de contrainteligencia política que busca desviar la atención de lo que aún no se ha mostrado.
Fuente: Datos del reportaje basados en la quinta emisión del programa Derecho de Réplica del Gobierno del Estado de Puebla, del 2 de septiembre de 2026.
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