El gobierno federal proyecta recaudar 185,000 mdp por combate a la elusión fiscal y el contrabando en 2027. La medida limita deducciones al 96.67% a empresas con ingresos superiores a 50 mdp. El 60% de las empresas con ingresos positivos no paga impuestos.
Mexconomy/Región Global. — El gobierno federal proyecta recaudar 185,000 millones de pesos en 2027 mediante el combate a la elusión fiscal y el contrabando, casi un tercio de los 580,000 millones en ingresos adicionales que espera obtener el próximo año. La cifra, revelada en conferencia de prensa, representa el 31.9% de los ingresos extraordinarios proyectados y se sustenta en dos pilares: acotar los esquemas de evasión del ISR en empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos y atajar el contrabando, la subvaluación y la evasión en aduanas. La meta es ambiciosa y contrasta con los datos del expediente: la recaudación tributaria real creció solo 0.4% en el primer semestre de 2026, el ISR cayó 6.2% real y los actos de fiscalización no han aumentado.
La medida central consiste en limitar las deducciones de las empresas que facturan más de 50 millones de pesos y tienen al menos cinco años de constitución. Si una empresa deduce más del 96.67% de sus ventas, el tope se fija en ese porcentaje; si deduce menos, el límite es del 99%. Según el gobierno, esto busca acotar los esquemas abusivos de evasión que permiten a las empresas reportar ingresos positivos pero no pagar impuestos. El análisis oficial detectó que el 60% de las empresas que declararon ingresos positivos en los últimos cinco años no pagaron nada de impuestos: el 70% de ellas tenía deducciones mayores a sus ingresos y el 30% restante reportó pérdidas que la ley permite deducir en ejercicios posteriores. En total, 54,000 empresas no han contribuido con impuestos en cinco años y 129,000 no lo han hecho en tres años.
El segundo pilar es el combate al contrabando, la evasión y la subvaluación en las aduanas, que aportaría 45,000 millones de pesos. El gobierno sostiene que la trazabilidad de combustibles y el fortalecimiento de la vigilancia aduanera permitirán cerrar los espacios de elusión que hoy utilizan empresas comercializadoras de energéticos. La medida se complementa con las modificaciones a la Ley Aduanera y la creación de nuevas leyes en materia digital y catastral, que se discutirán en el Congreso en las próximas semanas. El gobierno insiste en que no se trata de nuevos impuestos ni de aumentos a los existentes, sino de obligar a pagar a quienes hoy no lo hacen.
Sin embargo, los datos del expediente plantean dudas sobre la viabilidad de la meta. La recaudación tributaria real creció apenas 0.4% en el primer semestre de 2026, el ISR cayó 6.2% real y el IVA creció 10.6% real por mayor fiscalización, pero sin compensar la caída del ISR. Los actos de fiscalización de la autoridad tributaria no han aumentado de manera significativa, y la evasión fiscal sigue siendo un problema persistente. La meta de recaudar 185,000 millones por combate a la elusión y el contrabando requeriría un fortalecimiento profundo de las capacidades operativas del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas, que no se refleja en los datos actuales. Además, la experiencia internacional sugiere que las medidas de limitación de deducciones suelen enfrentar litigios y resistencias legales que retrasan su implementación.
El riesgo de la medida es doble. Por un lado, las empresas que legítimamente deducen más del 96.67% de sus ventas por la naturaleza de su actividad —comercio minorista, servicios con altos costos variables— podrían verse afectadas si la autoridad no distingue entre deducciones legítimas y esquemas abusivos. Por otro lado, la limitación de deducciones podría desincentivar la inversión si las empresas perciben una mayor carga fiscal, en un contexto donde la inversión privada acumula una contracción de 0.7% en el semestre y el excedente bruto de operación cayó 0.9% anual en el primer trimestre. El gobierno sostiene que la medida no aplica a emprendedores ni a empresas pequeñas, pero la pregunta es si el diseño técnico logrará distinguir con precisión entre unos y otros.
El combate a la elusión y el contrabando es, en teoría, una fuente legítima de ingresos sin necesidad de crear nuevos impuestos. Pero la distancia entre el anuncio y la recaudación efectiva es amplia. Los 185,000 millones de pesos proyectados representan casi un tercio de los ingresos adicionales del Paquete Económico 2027, y su materialización depende de factores que no están bajo el control del gobierno: la capacidad del SAT, la resistencia legal de las empresas, la efectividad de la vigilancia aduanera y, sobre todo, la voluntad política de aplicar las medidas sin excepciones. La historia reciente muestra que las metas de recaudación por combate a la evasión suelen quedar por debajo de lo proyectado. El Paquete 2027 apuesta a que esta vez será diferente.
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