El Congreso avanza en una regulación que amplía el alcance del Estado sobre el entorno digital: desde contenidos íntimos generados con IA hasta violencia digital, datos personales, plataformas, videojuegos y criterios de clasificación.
CDMX — El Congreso mexicano avanza en una regulación que puede marcar un nuevo territorio de disputa entre la protección de derechos y la libertad de expresión: el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales para crear, modificar o distribuir contenidos.
El Senado recibió una minuta de la Cámara de Diputados para incorporar expresamente al Código Penal Federal la generación o simulación, mediante inteligencia artificial o edición digital, de imágenes, videos o audios de carácter sexual íntimo sin consentimiento.
La propuesta plantea equiparar estas conductas con otras formas de violencia sexual digital. Las sanciones previstas alcanzan de cuatro a ocho años de prisión y multas de 400 a mil UMA. También contempla protección reforzada cuando los contenidos involucren representaciones realistas o creíbles de niñas, niños, adolescentes o personas incapaces de comprender o resistir la conducta.
El objetivo de proteger a víctimas frente a contenidos sexuales falsificados o manipulados mediante IA resulta distinto de otorgar al Estado una facultad general para decidir qué contenidos pueden circular. Esa diferencia será determinante conforme avance la legislación.
Otra minuta amplía todavía más el campo regulatorio. Propone modificar la legislación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes para incorporar los entornos digitales, el ciberacoso, la violencia digital y la protección de datos personales en plataformas y aplicaciones.
La propuesta contempla además que la Secretaría de Gobernación emita criterios de clasificación aplicables a radio, televisión, plataformas, aplicaciones, videojuegos y materiales impresos y digitales, además de vigilar su cumplimiento. Los videojuegos y aplicaciones distribuidos mediante tiendas digitales deberán informar su clasificación y la disponibilidad de controles parentales.
El debate, por tanto, ya no se limita a la radio y la televisión. Se extiende hacia las plataformas, los algoritmos, la inteligencia artificial, los datos personales y los mecanismos mediante los cuales el Estado puede intervenir en el ecosistema digital.
El desafío será establecer límites precisos: ¿cómo se protege a las personas sin convertir la protección en una herramienta de control sobre los contenidos? Y, ante la creciente capacidad tecnológica del Estado, aparece una pregunta que atraviesa todo el expediente: ¿quién vigila al que vigila?
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