La Fiscalía General del Estado de Puebla, bajo la instrucción de Idamis Pastor Betancourt, recibió a personal del Centro Federal de Inteligencia Criminal para presentar su Programa de Identificación Humana. El proyecto integra herramientas forenses y coordinación con el INE para identificar personas fallecidas no identificadas, una tarea pendiente en un estado con miles de cuerpos sin nombre.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió sus puertas al Centro Federal de Inteligencia Criminal, órgano especializado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, para mostrar los avances de su Programa de Identificación Humana. El encuentro tuvo como objetivo presentar las acciones de coordinación con el INE y las herramientas forenses que la institución utiliza para identificar personas fallecidas no identificadas. La reunión es un acto administrativo, pero su trasfondo es de una gravedad que el lenguaje técnico apenas alcanza a nombrar.
Identificar a los muertos es una de las tareas más elementales y, al mismo tiempo, más profundas del Estado. Un cuerpo sin nombre es una persona sin historia, sin familia que lo reclame, sin duelo que lo despida. El programa de la Fiscalía integra análisis de huellas, señas particulares, tatuajes, cicatrices, características odontológicas, vestimenta y pertenencias. El micrositio del INCIFO permite consultar información y ampliar las herramientas para contribuir a la identificación. Todo eso suena a tecnología, a método, a procedimiento. Pero detrás de cada protocolo hay una pregunta que ninguna base de datos puede responder: ¿por qué hay tantos cuerpos sin identificar?
La respuesta, en Puebla, tiene cifras. Los servicios forenses del estado recibieron 3 mil 697 cadáveres en 2025, una cifra que contrasta con los 667 homicidios dolosos reportados oficialmente. Esa brecha de más de 3 mil cuerpos no es un error estadístico: es una señal de que algo en el sistema de registro, investigación y procuración de justicia no está funcionando. Las desapariciones sin resolver suman 2 mil 437 casos entre enero de 2025 y mayo de 2026. Cada uno de esos casos es una familia que espera, un nombre que no se pronuncia, un expediente que se acumula. El programa de identificación humana es, en ese contexto, un intento de cerrar una herida que el propio Estado abrió por omisión.
La visita del CFIC es, en el fondo, un reconocimiento de que la identificación de personas fallecidas es un problema que trasciende las fronteras estatales. La coordinación con el INE permite cruzar datos, acceder a registros, ampliar las posibilidades de encontrar una coincidencia. Pero la tecnología no sustituye la voluntad política. Un programa de identificación es tan efectivo como la decisión de asignarle recursos, personal capacitado y continuidad administrativa. La Fiscalía, bajo la instrucción de Idamis Pastor Betancourt, presenta el programa como innovador. Habrá que ver si la innovación se traduce en nombres, en entregas dignas, en familias que dejan de esperar.
El filósofo Giorgio Agamben escribió que el campo de concentración es el paradigma de la modernidad porque en él la vida queda reducida a mera supervivencia, despojada de todo nombre y de toda historia. Sin llegar a ese extremo, la existencia de miles de cuerpos sin identificar en un estado que presume de modernización institucional plantea una pregunta incómoda: ¿qué tipo de Estado es aquel que no puede nombrar a sus muertos? La respuesta no está en el micrositio del INCIFO ni en la coordinación con el INE. Está en la decisión de tratar a los fallecidos no identificados como lo que son: personas cuyas historias fueron interrumpidas y cuyo nombre, aunque sea póstumo, sigue siendo un derecho.
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