El Tribunal Arbitral del CIADI desestimó en septiembre de 2026 la reclamación de Doups Holdings LLC contra México por más de 600 millones de pesos, al determinar que carecía de jurisdicción y ordenar a la empresa cubrir más de un millón de dólares en costos.
CDMX — México obtuvo una resolución favorable en el arbitraje internacional promovido por Doups Holdings LLC ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados. La empresa había iniciado el procedimiento en 2022 y reclamaba más de 600 millones de pesos al amparo del TLCAN.
Doups argumentó que era un inversionista estadounidense que, mediante la empresa mexicana Pagomet, contaba con concesiones para instalar y operar parquímetros en Ciudad de México. La reclamación se originó por la revocación de esas concesiones por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Durante el procedimiento, la defensa del Estado mexicano cuestionó distintos elementos de la reclamación, particularmente la conformación de la filial que supuestamente había sufrido los daños, su nacionalidad y control, así como el cumplimiento de requisitos procesales establecidos para acceder al arbitraje previsto en el TLCAN.
En septiembre de 2026, el Tribunal Arbitral determinó que carecía de jurisdicción para conocer las reclamaciones de Doups y desestimó el arbitraje en su totalidad. Entre sus conclusiones señaló que la empresa había aceptado ser considerada mexicana respecto de su inversión, que no acreditó el control de Pagomet y que no podía reclamar como propias las pérdidas atribuidas a la filial.
El Tribunal también determinó que Doups incumplió requisitos establecidos en el TLCAN antes de iniciar un arbitraje. Como consecuencia de la resolución, la empresa fue condenada a pagar a México más de un millón de dólares por concepto de gastos y costos derivados del procedimiento internacional.
La defensa del Estado estuvo encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, con apoyo del despacho Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. La Secretaría de Movilidad de Ciudad de México también participó en el proceso mediante apoyo institucional.
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