Una ola de violencia en Veracruz entre el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre dejó al menos ocho muertos, entre ellos dos agentes federales y el diputado Zenyazen Escobar García, cuyo homicidio permanece sin avances. La gobernadora Rocío Nahle estaba de vacaciones en Nuevo León durante los hechos. Omar García Harfuch confirmó el ataque a agentes y un operativo que logró liberar a dos secuestrados.
VERACRUZ. — Veracruz vivió un fin de semana de sangre y fuego. Una ola violenta que se extendió por casi 30 horas dejó al menos ocho muertos en distintos puntos de la entidad, entre ellos dos agentes federales y el diputado local Zenyazen Escobar García, cuyo asesinato, ocurrido el viernes, permanece sin esclarecer a más de 35 horas del hallazgo. La gobernadora Rocío Nahle, quien se encontraba de vacaciones en Nuevo León desde el jueves, no interrumpió su descanso durante los primeros episodios de violencia, lo que generó críticas en redes sociales y entre sectores de la oposición que cuestionaron su ausencia en medio de la crisis de seguridad.
Los hechos comenzaron el viernes 4 de septiembre con la muerte del diputado federal Escobar García, un crimen que hasta el momento no tiene responsables ni móvil definido. Horas después, en el municipio de Omealca, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron atacados a balazos mientras realizaban labores de investigación. Dos de ellos perdieron la vida y una tercera resultó herida, según confirmó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch. El ataque ocurrió en la comunidad Río Moreno, sobre un camino que conecta hacia Paso Amapa y la zona limítrofe con Cosolapa, Oaxaca, en un área donde la presencia del crimen organizado es recurrente.
Esa misma noche, un comando armado irrumpió en las oficinas del Club de Leones y disparó contra una pareja, que murió en el lugar. Horas más tarde, se reportó la desaparición de Miguel Antonio Espinoza Vega, estudiante de la Escuela Normal Superior Veracruzana en Xalapa, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la carretera Xalapa-Veracruz, aunque la noticia trascendió hasta el sábado. El saldo del viernes ya era de al menos cinco muertos, pero la violencia se recrudeció al día siguiente.
El sábado 5 de septiembre, Coatzacoalcos fue escenario del asesinato de un taxista conocido como "El Negro Gil", ultimado a balazos afuera de un taller mecánico en la colonia Adolfo López Mateos. Más tarde, en la carretera Transístmica, en el tramo entre Jáltipan y Acayucan, fue hallado el cuerpo de un hombre no identificado con disparos en la cabeza y un mensaje amenazante a su lado. En el municipio de Oteapan, un ataque armado dejó un muerto, identificado como Héctor Osnar Franco Gordillo, y dos heridos, entre ellos un menor de 14 años, Luis Samuel, y una mujer, Yeni Angélica Torres.
Las autoridades federales desplegaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables del ataque contra los agentes de la SSPC. Fuentes cercanas a la investigación señalaron, como versiones no confirmadas, la posible participación de individuos identificados como "El Pino", "El Gato", Édgar "N" y Gonzalo López Acosta, alias "Chalo", aunque hasta el cierre de esta edición ninguna de estas líneas había sido corroborada. La Fiscalía General de la República mantiene reserva sobre las indagatorias, mientras el gobierno estatal evitó pronunciarse sobre el avance de los casos.
En medio de la crisis, García Harfuch informó que el operativo de búsqueda derivó en la liberación de dos personas secuestradas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las autoridades estatales. La gobernadora Nahle agradeció el respaldo federal desde sus redes sociales, pero no ofreció declaraciones presenciales ni anunció el retorno anticipado de sus vacaciones. El saldo de casi 30 horas de violencia dejó ocho muertos, un menor herido y una escalada de dudas sobre la capacidad del gobierno estatal para contener la ola de criminalidad en una de las entidades más golpeadas por el crimen organizado.
El expediente de Veracruz se suma al mapa de violencia que en los últimos meses ha sacudido a estados como Michoacán, Baja California y Nuevo León. La muerte de dos agentes federales y la falta de avances en el homicidio de un diputado local plantean interrogantes sobre las estrategias de seguridad en una entidad donde la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha sido señalada como insuficiente. Mientras la FGR avanza en las investigaciones, la ausencia de la gobernadora durante el estallido de la violencia se convierte en un nuevo frente político que la oposición ya comenzó a explotar.
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