El gobierno de Pepe Chedraui presentó un Protocolo de Atención con Perspectiva de Género para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y capacitó a 500 elementos como primeros respondientes. El instrumento busca evitar la revictimización en casos de violencia contra mujeres. La pregunta es si un protocolo puede cambiar lo que la práctica policial ha normalizado durante décadas.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — Quinientos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron capacitados para atender situaciones de violencia con perspectiva de género. El gobierno municipal presentó el Protocolo de Atención con Perspectiva de Género, un documento que establece criterios para que el personal policial, en su función de primer respondiente, actúe con sensibilidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. El alcalde Pepe Chedraui afirmó que no se trata de "un documento de intención" sino de "una herramienta de actuación". La distinción es importante, pero también es una promesa que solo el tiempo y los hechos pueden validar.
Un protocolo es, por definición, un deber ser. Describe cómo deben actuar los policías cuando una mujer denuncia violencia. Pero entre el deber ser y el ser hay un abismo que no se cierra con capacitaciones de unas horas ni con documentos bien redactados. La violencia de género en Puebla no persiste porque los policías no sepan qué hacer: persiste porque el sistema de justicia es lento, porque las fiscalías no dan seguimiento, porque las víctimas son cuestionadas, porque los agresores quedan impunes. El protocolo puede mejorar el primer contacto, pero no puede sustituir lo que ocurre después.
La secretaria de las Mujeres, Zaira González, señaló que el primer contacto con una autoridad puede ser determinante para una persona que atraviesa una situación de violencia. Es cierto. Pero también es cierto que ese primer contacto suele ocurrir en condiciones precarias: una patrulla que llega tarde, un ministerio público saturado, un teléfono de emergencia que no responde. El protocolo capacita al policía para escuchar sin juzgar, pero no le da más tiempo, más personal, más recursos. Le enseña a decir las palabras correctas en un sistema que sigue fallando en los hechos.
La capacitación de 500 elementos es un número que suena bien en el comunicado. Pero la SSC de Puebla capital cuenta con más de 2 mil elementos. Es decir, la capacitación alcanza a una cuarta parte de la corporación. ¿Qué pasa con los otros mil 500? ¿Qué pasa con los policías que no recibieron el protocolo? ¿Y qué pasa con los que ya lo recibieron, cuando vuelvan a la calle y enfrenten la misma realidad de siempre: falta de patrullas, exceso de trabajo, presión por resultados, impunidad estructural? Un protocolo sin presupuesto, sin evaluación y sin consecuencias para quien no lo aplica es, en la práctica, un adorno burocrático.
La presentación del protocolo también cumple una función política. Permite al gobierno municipal decir que está haciendo algo frente a la violencia de género sin tener que rendir cuentas sobre los resultados. No se informa cuántas mujeres fueron atendidas por los elementos capacitados, cuántos agresores fueron detenidos, cuántas denuncias llegaron a proceso. Se informa que hay un protocolo y que 500 elementos fueron capacitados. Esa es la métrica del acto, no la del impacto. Y en materia de violencia de género, la diferencia entre una cosa y otra puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
El coronel Félix Pallares Miranda agradeció la colaboración interinstitucional. Humberto Gutiérrez y Luis Javier Cervantes fueron reconocidos por su contribución. Los nombres aparecen, las fotos se toman, los boletines se publican. Y al día siguiente, las mujeres de Puebla siguen enfrentando la misma realidad: denunciar es un viacrucis, ser creída es una excepción, y la justicia, cuando llega, llega tarde. Un protocolo puede ser el inicio de un cambio. Pero presentarlo como un logro cuando la estructura que lo sostiene sigue intacta es confundir el papel con la realidad.
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