Puebla recuperó solo $290,605.60 pesos en seis años de auditorías: se emitieron 34,902 acciones, 8,364 recomendaciones de desempeño sin atender en 2023 y 49 denuncias penales que no llegaron a sentencia. Impunidad sistemática en el uso de recursos públicos.
Mexconomy — La Auditoría Superior del Estado de Puebla presenta su Reporte Semestral con corte al 31 de marzo, en el que rinde cuentas sobre la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas de los ejercicios 2018 a 2023. El documento, es la radiografía más completa del sistema de rendición de cuentas poblano. Y lo que muestra es demoledor: un aparato que emite miles de observaciones al año, que detecta daño patrimonial y faltas administrativas, pero que no logra traducir esas observaciones en consecuencias reales. El reporte revela un sistema que funciona como mero trámite.
Las cifras son contundentes. Entre 2018 y 2023, la ASE realizó 1,950 auditorías y emitió 34,902 acciones y recomendaciones: pliegos de observaciones, solicitudes de aclaración, recomendaciones de cumplimiento financiero, recomendaciones de desempeño y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. De todas ellas, casi la mitad quedaron sin atender o sin resolver favorablemente para la Hacienda Pública. Y los montos efectivamente resarcidos en los seis años suman apenas $290,605.60 pesos: la cifra exacta que la ASE logró recuperar del daño patrimonial detectado. Menos de lo que cuesta un automóvil de gama media. Para 34,902 acciones emitidas, el resultado es de $8.33 pesos recuperados por cada observación. El sistema no está diseñado para resarcir: está diseñado para documentar.
El año 2023 es el más grave. La ASE emitió 11,874 acciones y recomendaciones en las cuentas públicas de ese ejercicio, el volumen más alto del sexenio correspondiente. Sin embargo, solo el 19 por ciento se atendió. Las recomendaciones de desempeño —los señalamientos sobre malas prácticas administrativas y gestión ineficiente— tuvieron un 93 por ciento de desacato: de 8,959 emitidas, 8,364 quedaron sin atender. La administración estatal y los municipios ignoraron casi todas las sugerencias de mejora. No es un problema de capacidad técnica ni de recursos: es un problema de voluntad política. El sistema de fiscalización funciona, emite sus observaciones en tiempo y forma, y las entidades fiscalizadas deciden no responder. Y no hay consecuencias.
Recomendaciones de desempeño no atendidas en Puebla, 2018-2023
Número absoluto de recomendaciones sin atender (eje izquierdo) y porcentaje de desacato sobre el total emitido (eje derecho)
| Ejercicio | Auditorías | Acciones emitidas | % de atención | Montos resarcidos | Denuncias penales | Procedimientos ante Tribunal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 325 | 7,746 | 49% | $0 | 7 | 16 |
| 2019 | 319 | 3,688 | 83% | $0 | 2 | 4 |
| 2020 | 326 | 4,421 | 41% | $252,455.60 | 37 | 35 |
| 2021 | 326 | 2,908 | 58% | $38,150.00 | 2 | 2 |
| 2022 | 328 | 4,265 | 37% | $0 | 1 | 4 |
| 2023 | 326 | 11,874 | 19% | $0 | 0 | 0 |
| Total | 1,950 | 34,902 | — | $290,605.60 | 49 | 61 |
Los municipios son los principales infractores del sistema. En todos los ejercicios, los ayuntamientos concentran el mayor número de pliegos no atendidos o no solventados. En 2018 fueron 2,550; en 2020, 1,666; en 2022, 305; en 2023, 735. Solo en el sexenio, los municipios acumularon más de cinco mil pliegos sin resolver favorablemente. Y en recomendaciones de desempeño la cifra es aún más brutal: en 2023, de 6,966 recomendaciones de desempeño dirigidas a municipios, 6,565 quedaron sin atender (94 por ciento). El nivel municipal opera con una opacidad casi absoluta. Los ayuntamientos rinden cuentas a la ASE, la ASE emite observaciones, y los ayuntamientos simplemente no responden. El sistema no tiene mecanismos para obligarlos.
La impunidad penal es enorme. En seis años, la ASE presentó 49 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por hechos probablemente constitutivos de delito. De esas 49, la mayoría quedaron en etapa de investigación o fueron archivadas por no ejercicio de la acción penal. En 27 casos, la Fiscalía determinó que la ASE no era la víctima del delito y la redujo al carácter de denunciante, sin reconocerle calidad de afectada. Es decir: incluso cuando la ASE detecta irregularidades graves y las denuncia, el sistema de justicia no las procesa. La impunidad no es solo administrativa: es también penal. Y los procedimientos de responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa son igualmente escasos: 61 en seis años, de los cuales ninguno ha llegado a sentencia firme con sanción para los responsables.
El problema de fondo es que el sistema de fiscalización está diseñado para documentar, no para sancionar. La ASE tiene facultades para emitir observaciones, radicar expedientes y remitir casos al Tribunal. Pero no tiene facultades coercitivas para obligar a las entidades fiscalizadas a responder, ni para asegurar que los montos observados se resarzan. Cuando el sistema detecta que se desviaron recursos, el procedimiento se alarga durante años, y cuando finalmente se resuelve, el responsable ya dejó el cargo o la sanción es simbólica. La relación entre daño detectado y castigo efectivo es prácticamente nula: $8.33 pesos recuperados por cada acción emitida en seis años. La cifra por sí sola desmonta cualquier discurso sobre rendición de cuentas. En Puebla, el sistema de fiscalización funciona como archivo histórico de irregularidades, no como instrumento de justicia. Y mientras eso no cambie, los recursos públicos que deberían atender la pobreza, la precariedad laboral y la falta de inversión seguirán ejerciéndose sin consecuencias cuando se desvían o se malgastan. La impunidad no es un dato aparte de la crisis productiva de Puebla: es una de sus causas.
Mexconomy | Fuente: Auditoría Superior del Estado de Puebla. Reporte Semestral con corte al 31 de marzo de 2026, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto de los Informes Individuales derivados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Publicado el 5 de junio de 2026. Versión pública.
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