Puebla recibió 3,697 cadáveres en 2025, noveno lugar nacional, pero la Fiscalía solo reportó 667 homicidios dolosos. La contradicción entre registros forenses y carpetas de investigación evidencia subregistro y opacidad en las cifras oficiales de seguridad.
Mexconomy/Región Global. — La cifra es incómoda y difícil de ignorar. Durante 2025, los servicios periciales y médicos forenses de Puebla recibieron 3,697 cadáveres, lo que colocó al estado en el noveno lugar nacional por volumen de ingresos, según los Censos Nacionales de Procuración de Justicia del Inegi. En el mismo período, la Fiscalía General del Estado reportó 667 homicidios dolosos. La diferencia es de más de tres mil cuerpos. Aunque la relación entre ambas cifras no es automática ni biunívoca —los cadáveres incluyen accidentes, suicidios y muertes en investigación—, la magnitud de la brecha plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos homicidios no se están contando? La respuesta, a juzgar por los datos forenses y por la evidencia de ejecuciones masivas en la Mixteca, es que la cifra real de violencia letal en Puebla es muy superior a la que registran las carpetas oficiales.
El Inegi documenta que del total de cadáveres recibidos en Puebla en 2025, 635 fueron mujeres, 2,993 hombres y en 69 casos no se determinó el sexo. La distribución es consistente con la tendencia nacional, donde los hombres representan el 82.1% de los cuerpos ingresados. Sin embargo, el dato que más inquieta a los especialistas no es el perfil demográfico, sino la diferencia entre la capacidad forense instalada y la demanda real. Puebla cuenta con 20 anfiteatros, 20 salas necroquirúrgicas, 41 mesas anatómicas, pero solo 5 cámaras de frío y 1 osteoteca para todo el estado. Al cierre de 2025, los anfiteatros poblanos almacenaban 190 cadáveres que no habían sido identificados o reclamados, y un centro de resguardo forense con capacidad para 210 cuerpos.
Cadáveres recibidos vs. homicidios dolosos reportados en Puebla
2025, según Inegi y Fiscalía General del Estado
El subregistro no es una hipótesis. Los propios datos del Inegi muestran que Puebla recibió 25 segmentos de restos humanos y 51 óbitos fetales durante 2025, lo que indica que los servicios forenses están procesando cuerpos en condiciones que no siempre llegan a clasificarse como homicidio en las carpetas de investigación. La masacre de Tehuitzingo, ocurrida el 17 de mayo de 2026, donde fueron asesinadas 10 personas —incluyendo un bebé— en un solo evento, es la prueba más contundente de que la violencia letal en Puebla excede con mucho lo que la Fiscalía reporta mes a mes. Si un solo hecho dejó diez cuerpos, la suma anual de episodios similares, muchos de ellos sin la misma cobertura mediática, explicaría por qué los anfiteatros reciben tres mil cadáveres más de los que las estadísticas oficiales reconocen como homicidios.
La capacidad forense del estado también revela las limitaciones del sistema. Puebla tiene 426 personas trabajando en servicios periciales y forenses, de las cuales 325 son peritas. En 2025 se admitieron 102,658 solicitudes de intervención pericial y quedaron 5,143 pendientes de concluir. La entidad cuenta con solo 2 laboratorios fijos —una cifra mínima comparada con Querétaro, que tiene 52, o Chiapas, con 39— y 14 ambulancias forenses para trasladar cuerpos en un territorio de 34,000 kilómetros cuadrados. El resultado es un sistema que opera al límite, donde la identificación de cuerpos y la determinación de causas de muerte se convierte en un cuello de botella que alimenta la impunidad y prolonga el dolor de las familias.
La contradicción entre cadáveres y homicidios tiene una explicación parcial en la clasificación de las muertes. Muchos cuerpos que ingresan a los servicios forenses corresponden a accidentes de tránsito, suicidios o muertes naturales en investigación. En 2025, Puebla reportó 1,458 homicidios culposos —la mayoría por accidentes viales— y 1,860 lesiones culposas. Pero incluso sumando homicidios dolosos y culposos, la cifra no alcanza los 3,697 cuerpos. La diferencia restante —más de mil cadáveres— solo puede explicarse por muertes en investigación cuya causa no se determina, cuerpos no identificados que permanecen en anfiteatros o clasificaciones administrativas que evitan engrosar las estadísticas de homicidio. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo: la realidad forense desborda a las cifras oficiales.
El gobernador Alejandro Armenta Mier ha insistido en que la incidencia delictiva ha bajado y que los feminicidios y el robo a transporte de carga se han reducido. Los datos de la Fiscalía parecen respaldarlo en algunos meses: junio de 2026 registró 42 homicidios dolosos, la cifra más baja en once años. Pero la percepción ciudadana no cede. La ENSU del Inegi mantiene la inseguridad en 81.3% en la capital, y los registros forenses muestran que los anfiteatros siguen recibiendo cuerpos a un ritmo que las carpetas no reflejan. La conclusión es inevitable: mientras los cadáveres sigan llegando más rápido que las investigaciones, la seguridad en Puebla seguirá siendo una promesa incumplida y una realidad que los ciudadanos conocen mejor que las estadísticas.
| Indicador | Cantidad | Contexto |
|---|---|---|
| Cadáveres recibidos (2025) | 3,697 | Noveno lugar nacional |
| Homicidios dolosos reportados (2025) | 667 | Brecha de más de 3,000 cuerpos |
| Cadáveres almacenados (cierre 2025) | 190 | No identificados o no reclamados |
| Cámaras de frío | 5 | Capacidad para 402 espacios |
| Osteotecas | 1 | Capacidad para 570 espacios |
| Laboratorios fijos | 2 | Mínimo comparado con otras entidades |
| Ambulancias forenses | 14 | Para un territorio de 34,000 km² |
| Solicitudes periciales pendientes | 5,143 | Al cierre de 2025 |
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