El Congreso de Puebla impulsa capacitación municipal en fiscalización y rendición de cuentas, pero los resultados de auditorías revisados por RG plantean una pregunta: ¿el problema es falta de preparación o de consecuencias por incumplir durante años?

PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El Congreso de Puebla busca que los ayuntamientos fortalezcan la preparación de sus servidores públicos en materia de fiscalización, rendición de cuentas y responsabilidades administrativas, una propuesta que adquiere relevancia frente a los rezagos acumulados en la atención de observaciones de las cuentas públicas municipales.

La Comisión de Asuntos Municipales aprobó el proyecto de acuerdo promovido por la diputada Kathya Sánchez Rodríguez para exhortar a los ayuntamientos y concejos municipales a implementar capacitaciones dirigidas a sus servidores públicos. El objetivo señalado es profesionalizar las administraciones, prevenir actos de corrupción y mejorar la transparencia y eficiencia municipal.

El planteamiento ocurre mientras la Auditoría Superior del Estado de Puebla mantiene el seguimiento de observaciones y acciones correspondientes a las cuentas públicas de 2018 a 2023, con corte al 31 de marzo de 2026. La propia ASE establece que ese seguimiento continúa hasta la conclusión o solventación de las acciones determinadas.

El análisis publicado por Región Global a partir del reporte semestral de la ASE identificó 1,950 auditorías y 34,902 acciones y recomendaciones durante ese periodo, además de un monto de apenas 290,605.60 pesos resarcidos. Para 2023, el análisis reportó que solamente 19 por ciento de las acciones fue atendido y que 93 por ciento de las recomendaciones de desempeño permaneció sin atención. La existencia y el periodo del reporte oficial pueden ser consultados en la ASE.

El antecedente plantea una diferencia entre capacidad administrativa y cumplimiento. La capacitación puede ayudar a que funcionarios conozcan procedimientos, documenten operaciones y atiendan correctamente las observaciones, pero por sí misma no determina qué ocurre cuando una observación permanece sin solventar. Además, la ASE ya desarrolla actividades de profesionalización y capacitación con servidores públicos, por lo que el nuevo exhorto tendría que mostrar qué aporta adicionalmente.

El propio Congreso mantiene otras iniciativas relacionadas con fiscalización y rendición de cuentas, entre ellas reformas a la legislación estatal presentadas en junio de 2026 y una nueva iniciativa presentada el 3 de septiembre para modificar la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.

La discusión municipal, por tanto, no se limita a capacitar funcionarios. El resultado podrá medirse cuando la preparación se traduzca en menos observaciones pendientes, mayor solventación, recuperación efectiva de recursos y procedimientos administrativos o penales que lleguen a sus conclusiones conforme a la ley. Ahí estará la diferencia entre conocer las reglas y hacerlas cumplir.

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