La ENSU del Inegi coloca a Puebla capital con 81.3% de percepción de inseguridad, pero el gobernador Alejandro Armenta insiste en que es solo la ciudad. Sin embargo, el estado registra 143,564 delitos en 21 meses, es primer lugar nacional en robo de combustible y nueve alcaldes han sido detenidos.
Mexconomy — Cuando el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, se refiere a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi que ubica a su entidad entre las diez con mayor percepción de inseguridad, su primera reacción es delimitar el territorio: “Están evaluando a Puebla capital, no al estado de Puebla”. El problema es que, al hacerlo, no solo reduce el alcance de la medición, sino que confirma que el resto del estado enfrenta una realidad que ni siquiera se mide con la misma profundidad. Y lo que sí se puede medir —con datos de la Fiscalía, registros forenses y hechos públicos— sugiere que el diagnóstico de la capital es apenas la punta de un iceberg que se extiende por toda la geografía poblana, con la Sierra Norte como su epicentro más violento.
Los números son contundentes. En los 21 meses que van de diciembre de 2024 a agosto de 2026, en el estado de Puebla se registraron 143,564 delitos, según los datos de la Fiscalía General del Estado. Este total incluye 1,245 homicidios dolosos, 33 feminicidios, 17,845 robos de vehículo, 19,160 casos de violencia familiar y 2,993 desapariciones de personas. La capital, donde se concentra la encuesta del IEGI, aporta una parte significativa de estos números, pero los municipios del interior —especialmente los de la Sierra Norte— muestran tasas de incidencia que duplican o triplican las de la zona metropolitana. “Vamos a seguir apoyando a Puebla, esta es una evaluación de Puebla”, declaró Armenta en conferencia, pero esa distinción resulta un espejismo cuando los hechos demuestran que la crisis de seguridad es estatal.
Evolución de delitos totales en Puebla
Diciembre 2024 – Agosto 2026, según Fiscalía General del Estado
El caso más emblemático es el del robo de combustible, el llamado huachicol, que ha convertido a la Sierra Norte en un campo de batalla. Durante 2025, Puebla encabezó el ranking nacional con 326 tomas clandestinas, equivalentes al 43% del total del país. Huauchinango fue el municipio más crítico, con 196 tomas solo en los primeros nueve meses del año, y junto a Ahuazotepec concentró la mayor parte de los operativos de la Secretaría de Marina. En el primer semestre de 2025, la región acumuló 218 tomas, el 41% del total nacional. Esta actividad ilícita no viaja sola: viene acompañada de extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados. Los municipios de Xicotepec, Pahuatlán y Tlacuilotepec son hoy puntos rojos donde la violencia se ha normalizado, y solo Huauchinango acumuló 843 carpetas de investigación en 2025, un crecimiento de casi el 50% con respecto al año anterior.
La crisis no se limita a la Sierra. En Tepeaca, las fuerzas federales decomisaron en un solo operativo 25 pipas con 82 mil litros de hidrocarburo, y se han clausurado 584 tomas clandestinas en todo el estado, con incidencia en San Martín Texmelucan, Tlahuapan, San Salvador El Verde, Amozoc y Huejotzingo. Mientras tanto, la zona metropolitana de Puebla —Coronango, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula— se ha convertido en territorio de captura para líderes y operadores de estructuras criminales. La evidencia más clara de la penetración del crimen organizado en los gobiernos municipales es la detención de siete alcaldes desde 2025, acusados de delitos que van desde abuso sexual y secuestro hasta robo, extorsión y vínculos directos con grupos delictivos. Estas detenciones no son hechos aislados, sino el síntoma de una debilidad institucional que permite que el crimen ocupe espacios de poder local.
La contradicción entre los datos de la Fiscalía y los registros forenses refuerza la idea de que la subestimación es parte del problema. En 2025, la Fiscalía reportó 667 homicidios dolosos, pero los servicios forenses recibieron 3,697 cadáveres, lo que coloca a Puebla en el noveno lugar nacional en ingresos de cuerpos. Esta discrepancia, aunque no es biunívoca (los cadáveres incluyen accidentes, suicidios y muertes en investigación), sugiere un subregistro significativo de homicidios en las carpetas oficiales. Como señaló el propio gobernador al referirse a la ENSU, el problema es que la cobertura territorial del Inegi no alcanza a medir la realidad de los 217 municipios poblanos; si lo hiciera, el diagnóstico sería aún más severo.
La percepción de inseguridad del 81.3% en la capital no es, por tanto, una exageración. Es, en todo caso, un reflejo de lo que los ciudadanos ven todos los días: robos, balaceras, extorsiones, cuerpos sin identificar. Y si esa percepción es alta en la ciudad, lo que ocurre en municipios como Huauchinango, Tepeaca o Xicotepec queda fuera del radar, pero no fuera de la realidad de los poblanos. El gobernador Armenta insiste en que su administración ha reducido la incidencia delictiva en feminicidios y robo a transporte de carga, pero los números globales y la evidencia de captura institucional muestran que la seguridad en el estado no mejora; se redistribuye. Y mientras la capital sigue siendo el espejo de una crisis que no se resuelve, el resto de Puebla se hunde en una violencia que apenas comienza a vislumbrarse.
Fuentes: Fiscalía General del Estado de Puebla (incidencia delictiva del fuero común, diciembre 2024 – agosto 2026); INEGI, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) segundo trimestre 2026; Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2026; declaraciones del gobernador Alejandro Armenta Mier en conferencia de prensa (julio 2026).
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