La ENVIPE 2026 coloca a Puebla como tercer estado con mayor victimización del país, con 26,164 víctimas por cada 100 mil habitantes y 41,876 delitos por la misma tasa. La extorsión es el delito más frecuente y la cifra oculta alcanza el 93.4% de los casos.

Mexconomy/Región Global. — La narrativa oficial sostenía que la inseguridad en Puebla era un problema exclusivo de la capital. Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicada por el Inegi el 10 de septiembre, desmienten esa versión con una contundencia que no admite matices. Puebla ocupa el tercer lugar nacional en tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, con 26,164, solo por debajo de Ciudad de México (34,930) y el Estado de México (31,889). Y en tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, la entidad se coloca en el segundo lugar nacional, con 41,876, únicamente superada por la capital del país (68,154). No es un problema de percepción: es victimización medida, encuestada, ponderada con rigor estadístico. Puebla no solo está entre los estados más violentos; está entre los tres primeros.

El impacto de estos números se comprende mejor cuando se contrastan con la cifra oculta, el indicador que mide los delitos que nunca llegan al Ministerio Público. A nivel nacional, el 93.4% de los delitos ocurridos en 2025 no se denunciaron o no derivaron en una carpeta de investigación. En Puebla, donde el delito más frecuente es la extorsión, la cifra oculta de ese delito específico alcanza el 97.5%, según el propio reporte del Inegi. Esto significa que de cada 100 extorsiones que sufren los poblanos, apenas 2.5 se denuncian, y de esas, una fracción mínima llega a investigación y sentencia. La consecuencia es una impunidad estructural del 98.9%: solo el 1.1% del total de delitos en México tiene una resolución positiva para la víctima. En Puebla, con una tasa de victimización 11.5% superior al promedio nacional, ese porcentaje es, cuando menos, igual de desalentador.

Tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa

2025, principales entidades con mayor prevalencia delictiva

El informe también revela que Puebla es uno de los tres estados donde la extorsión es el delito más frecuente, junto con otras dos entidades del sur del país. En 27 de las 32 entidades, el delito más común fue el fraude; en Puebla, la extorsión desplazó al fraude y al robo en calle. Este dato es consistente con el expediente de crimen organizado que documenta el cobro de piso en mercados como el Morelos, la operación de Los Zúñiga en la carretera Puebla-Veracruz y el control de Los Rojos en la Mixteca. La extorsión no es un delito aislado: es el mecanismo de financiamiento de las estructuras criminales que operan en la entidad, y su altísima cifra oculta explica por qué la percepción de inseguridad en Puebla (83.3%) es incluso superior a la de la capital (81.3%). La gente vive la extorsión, pero no la denuncia porque teme represalias o porque considera que las autoridades no harán nada.

El costo económico del delito en México alcanzó los 267.3 mil millones de pesos en 2025, equivalentes al 1.06% del PIB nacional. De ese total, 165.9 mil millones corresponden a pérdidas por victimización y 91.6 mil millones a gastos en medidas preventivas. Los hogares mexicanos gastaron en cambiar cerraduras y candados (23.1%), cambiar puertas o ventanas (19.2%), colocar rejas o bardas (12.9%) y realizar acciones conjuntas con vecinos (11.3%). En Puebla, con la tercera tasa de victimización del país, ese gasto privado en seguridad es proporcionalmente mayor, y recae sobre familias que ya de por sí enfrentan pérdidas económicas directas: las víctimas de robo total de vehículo perdieron en promedio 32,006 pesos, y las de fraude, 7,551 pesos. La seguridad se ha convertido en un bien privado, no en un derecho garantizado.

La respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Entre febrero y abril de 2026, solo el 58.6% de la población confió en la policía estatal y el 57.1% en la policía preventiva municipal. La policía de tránsito, con 74.1% de percepción de corrupción, es la autoridad peor evaluada del país. En Puebla, la detención de siete directores de Seguridad Pública en la Mixteca y la Sierra Norte, y la deserción de 17 policías municipales en Esperanza tras la detención del alcalde, confirman que la desconfianza ciudadana tiene fundamento. La ENVIPE también muestra que 77.6% de las denuncias no arroja conclusión alguna: el 38.1% de los casos no llega a nada y el 39.5% sigue en trámite. La impunidad no es una percepción; es una realidad estadística.

El gobierno del estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, ha respondido con operativos, detenciones y una narrativa de resultados. Pero los números de la ENVIPE son inequívocos: Puebla está entre los tres estados más victimizados del país, con una cifra oculta que supera el 93% y una extorsión que se ha convertido en el delito más frecuente. La percepción de inseguridad en la entidad (83.3%) es mayor que en la capital (81.3%), lo que desmonta la tesis de que el problema se limita a la ciudad. El diagnóstico es claro y no admite paliativos: sin una estrategia que ataque la extorsión, que reduzca la cifra oculta y que recupere la confianza en las corporaciones locales, Puebla seguirá ocupando los primeros lugares en victimización, aunque los discursos oficiales insistan en lo contrario.

Indicador Puebla Nacional Posición
Tasa de víctimas por 100,000 hab. 26,164 23,473 3° lugar nacional
Tasa de delitos por 100,000 hab. 41,876 34,442 2° lugar nacional
Percepción de inseguridad en la entidad 83.3% 74.0% 5° lugar nacional
Delito más frecuente Extorsión Fraude 1 de 3 estados con extorsión
Cifra oculta (extorsión) 97.5% 97.5% Sin variación
Confianza en policía estatal 58.6% 58.6% Debajo del promedio
Percepción de corrupción en tránsito 74.1% 74.1% La más alta del país
Costo del delito (nacional) No desglosado 267.3 mil mdp 1.06% del PIB
Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, comunicado de prensa 50/26 y reporte de resultados 35/26, 10 de septiembre de 2026. Datos de victimización correspondientes a 2025; datos de percepción correspondientes a febrero-abril de 2026.
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