Comisiones del Senado aprobaron la reforma de nacionalidad única para Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno. El dictamen exige no tener otra nacionalidad al solicitar el registro y limita su uso durante el ejercicio del cargo.
CDMX — Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución en materia de nacionalidad única para quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y locales. La propuesta forma parte de una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo y establece condiciones específicas para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
En la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Óscar Cantón Zetina, el dictamen obtuvo 12 votos a favor y seis en contra. En Estudios Legislativos Primera, encabezada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recibió 11 votos favorables y tres en contra. La iniciativa plantea que quienes pretendan ocupar esos cargos sean mexicanos por nacimiento, no tengan otra nacionalidad y, si la poseen, renuncien a ella antes de solicitar su registro como candidatos.
El proyecto también establece que, durante el ejercicio del cargo, no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos vinculados con una ciudadanía extranjera ni acogerse a su protección diplomática. La propuesta original del Ejecutivo contempla además que la legislación secundaria establezca el procedimiento para acreditar la renuncia a la segunda nacionalidad. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que la reforma no cuestiona la mexicanidad de quienes poseen doble nacionalidad. “No es una prohibición general ni una restricción de derechos políticos, sino un requisito de elegibilidad”, afirmó. Desde Morena, Saúl Monreal Ávila defendió la medida como una acción relacionada con la soberanía nacional, mientras que el PT, por medio de Alejandro González Yáñez, la calificó de “soberanista”.
La oposición expresó una posición contraria. El panista Marko Cortés Mendoza afirmó que la medida representa una regresión en derechos humanos y sostuvo que su bancada no acompañaría el dictamen. La priista Claudia Anaya Mota señaló que implica restricciones para connacionales migrantes. Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas argumentó que parte de la regulación ya está contemplada en el artículo 32 constitucional.
El debate se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma constitucional y la turnara al Senado. En San Lázaro, el proyecto obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención en lo particular. El régimen transitorio contempla su aplicación a partir del proceso electoral de 2028. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
0 Comentarios