La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la FGR aclarar el megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, luego de que Grupo Simsa reclamara la legalidad del operativo y presentara permisos de la terminal asegurada. La fiscal Ernestina Godoy ordenó que la FEMDO atrajera la investigación. La FGR no ha acreditado el origen del hidrocarburo y el caso no está relacionado con Ruffo Appel.

CDMX — La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este lunes a la Fiscalía General de la República aclarar el megadecomiso de 59 millones de litros de combustible realizado en San José Iturbide, Guanajuato, luego de que Grupo Simsa reclamara la legalidad del operativo y presentara documentación y permisos para acreditar que las instalaciones de su filial, Gas Natural del Noroeste, operan de manera lícita. "La fiscalía tiene que informar si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades, o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar, pero lo tiene que hacer la fiscalía", declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

El operativo fue realizado por la delegación de la FGR en Guanajuato, y de ahí surgió la orden de cateo. La fiscal general, Ernestina Godoy, ordenó el fin de semana que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajera las investigaciones ante la complejidad del caso. La FEMDO analiza documentos y entrevista a directivos de la empresa para determinar si la actividad de la terminal de almacenamiento era lícita o ilícita. El volumen total asegurado equivale a aproximadamente 371 mil barriles, y según la FGR, hasta el momento no se ha acreditado el origen del hidrocarburo.

La investigación, que se extendió por tres municipios del estado, comenzó a partir del hallazgo de una sola pipa de 33 mil litros de diésel. Ese indicio inicial derivó en una cadena de diligencias que culminó con el aseguramiento de la terminal de Gas Natural del Noroeste, empresa perteneciente a Grupo Simsa. La empresa respondió al operativo afirmando que "la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable", y presentó documentación y permisos ante las autoridades.

Sheinbaum ya había aclarado previamente que este caso no está relacionado con la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ni con las redes de huachicol fiscal documentadas en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. La mandataria ha mantenido una postura de cautela en este caso, a diferencia de otros aseguramientos donde las autoridades calificaron los hechos como golpes históricos contra el huachicol. Su llamado a la FGR para que aclare el operativo sugiere que el gobierno federal espera los resultados de los peritajes y el análisis de la documentación antes de emitir una caracterización definitiva.

El caso de San José Iturbide representa el mayor decomiso de hidrocarburo documentado en el país, con 59 millones de litros asegurados, superando los 15.5 millones de litros decomisados en Coahuila en julio de 2025, los 10 millones en Altamira en marzo de 2025, y los 3.7 millones en la refinería de Reynosa en julio de 2026. La magnitud del volumen y la reclamación de legalidad por parte de la empresa introducen una dimensión de controversia legal que no había aparecido en aseguramientos anteriores, donde los operativos se realizaron sin que las empresas señaladas presentaran defensas públicas ni documentación para acreditar la licitud de sus operaciones.

La FEMDO deberá determinar si la terminal de Gas Natural del Noroeste operaba dentro del marco legal o si, por el contrario, el hidrocarburo almacenado provenía de actividades ilícitas. La FGR no ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso, y la investigación continúa en la etapa de análisis de documentos y entrevistas a directivos. El desenlace de este expediente podría sentar un precedente sobre la forma en que las autoridades abordan los aseguramientos de hidrocarburos en instalaciones que cuentan con permisos y documentación en regla, un escenario distinto al de los megapatios y refinerías clandestinas documentados en otras entidades.

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