El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum reporta una reducción del 51% en homicidios y 44 asesinatos menos por día, pero omite que la caída coincide con la designación de cárteles como terroristas por EE.UU. y la deportación exprés de objetivos criminales. Mientras presume cifras, Sinaloa suma 4,000 muertos en la guerra del Cártel y el informe elude las desapariciones, una crisis humanitaria que el gobierno silencia.
CDMX — El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, presentado este 1 de septiembre, presume una reducción del 51% en el promedio diario de homicidios dolosos —44 asesinatos menos por día— y destaca que julio de 2026 registró la cifra más baja en 11 años. También reporta una caída del 54% en delitos de alto impacto respecto a 2018, 63,000 detenciones, 32,824 armas de fuego y 519 toneladas de drogas decomisadas. La presidenta construye una narrativa de éxito nacional que oculta los datos duros del expediente NARCUS: la presión de Washington es el verdadero motor de la caída de homicidios.
El propio expediente NARCUS de Región Global documenta que la caída de homicidios está vinculada a la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) incrementó el costo operativo de las organizaciones criminales, limitó su capacidad de acción y cerró espacios financieros. Además, México ha entregado a 92 objetivos criminales a EE.UU. como parte de la cooperación bilateral, muchos de ellos en deportaciones exprés que Washington exigió como condición para mantener la colaboración. Sheinbaum atribuye a su administración logros que dependen de una estrategia externa que el informe oculta deliberadamente.
El informe también omite las desapariciones, una crisis humanitaria que el gobierno federal no ha logrado contener. Mientras Sheinbaum presume cifras de seguridad, Sinaloa vive una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado más de 4,000 muertos, según el expediente NARCUS. Los cárteles mantienen capturado el Estado y las desapariciones siguen siendo un delito que el informe no menciona. La omisión de las desapariciones es una decisión deliberada para construir una narrativa de éxito que no resiste el contraste con los datos del repositorio.
El mensaje de soberanía —"La soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte"— es el eje discursivo del informe, pero la práctica muestra una realidad distinta. Sheinbaum ha profundizado la cooperación con la DEA, la CIA y el Departamento de Justicia de EE.UU., y su secretario Omar García Harfuch es el interlocutor privilegiado de Washington, blindado públicamente por la agencia antidrogas en medio de los rumores de que AMLO pedía su renuncia. La presidenta blinda a su operador clave y negocia extradiciones, pero en el discurso oficial la soberanía es un escudo retórico que oculta la subordinación operativa.
Las cifras de reducción en delitos como el robo a transportista (-26.1%) y el robo de vehículo con violencia (-23.6%) son presentadas como avances, pero la efectividad de la estrategia de seguridad y la consolidación de estos logros a largo plazo son temas que requieren un seguimiento crítico. La pregunta no es si los homicidios bajaron, sino por qué bajaron y a qué costo. La designación FTO, las deportaciones exprés y la cooperación con Washington son factores que explican la caída tanto o más que la política de seguridad de su gobierno. Sheinbaum no puede reclamar como propio un logro resultado de la presión externa, y menos aún cuando su discurso de soberanía choca con la práctica de una cooperación operativa que el informe oculta.
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