El alcalde de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, alias "Quetu", fue trasladado en calidad de detenido a la Ciudad de México para enfrentar su proceso por presuntamente liderar una red de extorsiones ligada al CJNG en el Istmo de Tehuantepec. Su captura desató bloqueos en la Carretera Transístmica y el despliegue de 300 elementos federales para recuperar el control territorial de la ciudad.
OAXACA / CDMX — La detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, ha sacudido el Istmo de Tehuantepec y puesto al descubierto una presunta red de colusión entre el poder político local y el crimen organizado. El alcalde morenista, conocido como "Quetu", fue trasladado en calidad de detenido a la Ciudad de México para enfrentar su proceso por acusaciones de liderar una estructura de extorsiones ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El fiscal oaxaqueño, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó sobre la movilización de policías federales y de la Secretaría de Marina para resguardar el traslado, en el que también participaron integrantes de la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica de la Fiscalía estatal, Guardia Nacional, Defensa y Policía estatal. Sánchez Altamirano fue movilizado en un avión de la Semar y se prevé su ingreso al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
La captura se realizó mediante una orden de aprehensión por la probable responsabilidad del alcalde en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Junto con él fue detenido Carlos Alberto "N", alias "La Parka", señalado como integrante de la estructura criminal. Las investigaciones los relacionan con una organización dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región. La Unidad de Inteligencia Financiera realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la investigación, en un esfuerzo por afectar también la capacidad financiera de la red. Sánchez Altamirano, a quien se vincula con la célula del CJNG conocida como "Los Cromos", fue llevado inicialmente a Ciudad Ixtepec, donde fue ingresado a instalaciones militares, antes de abordar la aeronave oficial que lo trasladó fuera de la entidad.
La reacción en Juchitán no se hizo esperar. Tras conocerse la captura, policías municipales, mototaxistas y simpatizantes del alcalde realizaron bloqueos en la Carretera Transístmica y otras vías de la región. Los inconformes cerraron accesos y tramos de la carretera, y policías municipales llegaron a establecer un cerco carretero con la intención de impedir el traslado terrestre del edil. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas asumieron el control de la seguridad en Juchitán con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gobierno del estado. Fue enviada una avanzada de al menos 300 elementos para recuperar el control territorial de la ciudad, reforzar accesos y salidas y evitar nuevas alteraciones del orden. El despliegue está integrado principalmente por efectivos de las secretarías de Marina y Defensa y de la Guardia Nacional, que reforzaron patrullajes y puntos estratégicos.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención en sus redes sociales y destacó que se realizó en el marco de la política de "Cero Impunidad" instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Agradeció al Gobierno de Oaxaca y al gobernador Salomón Jara por su colaboración y coordinación permanente, y advirtió que las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo la estructura criminal y detener a todos los involucrados. El caso de Juchitán no es un hecho aislado: refleja una preocupante tendencia de infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales, donde las estructuras criminales buscan controlar territorios clave para sus operaciones. El Istmo de Tehuantepec, con su posición estratégica y sus proyectos de infraestructura, se ha convertido en un corredor disputado por los cárteles, y la detención de un alcalde en funciones por presuntos vínculos con el CJNG evidencia la gravedad del fenómeno. La respuesta de las autoridades federales y estatales, con un despliegue de fuerzas superior a los 300 elementos, marca un precedente sobre cómo el Estado mexicano enfrenta la colusión entre política y crimen organizado.
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