La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, y su tesorero, Juan Francisco García, enfrentan amparos y observaciones de la ASE por 236.4 millones de pesos no comprobados, en medio de un quiebre con el Gobierno de Puebla que el 2º informe no menciona.
Atlixco, Puebla | Región Global — La maquinaria financiera del Ayuntamiento de Atlixco se sostiene sobre un equilibrio de cifras millonarias y recursos legales. Mientras la presidenta municipal, Ariadna Ayala Camarillo, anunciaba ante el cabildo el finiquito de una añeja deuda por más de 172 millones de pesos y un presupuesto histórico, el escrutinio de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la presión del Gobierno estatal pone sobre la mesa un presunto daño patrimonial de 236.4 millones de pesos sin comprobar.
La fractura institucional se detonó el 14 de agosto de 2026 con la detención de Antonio Hernández Pacheco, exsecretario de Seguridad Ciudadana, por presunto abuso de autoridad. La reacción no se limitó a los tribunales: el tesorero municipal, Juan Francisco García Martínez, promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito para evitar una posible orden de aprehensión derivada de las investigaciones, mientras que la propia alcaldesa tramitó el amparo 914/2026 ante el Juzgado Primero de Distrito, obteniendo una suspensión provisional a finales de agosto con una garantía económica de 30 mil pesos. El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, respondió con dureza al señalar que "el que nada debe, nada teme".
Este blindaje jurídico ocurre en un contexto de fuertes contrastes en las finanzas locales. La administración municipal reportó un incremento del 42% en su presupuesto, alcanzando los 660 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2025, y la erradicación de la deuda heredada del PPS de alumbrado público, lo que en teoría libera recursos para obra pública. Sin embargo, las observaciones de la ASE por los 236.4 millones de pesos no comprobados, sumadas a las acusaciones del coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, sobre un supuesto acto de deslealtad por la entrega de contratos publicitarios a TV Azteca Puebla por más de 626 mil pesos, exhiben una fragilidad institucional severa ante la falta de transparencia.
La exigencia de la oposición, encabezada por el PAN en Atlixco, para que la alcaldesa y el tesorero se separen temporalmente del cargo refleja la gravedad del desgaste político. El escenario financiero del municipio, lejos de ser un modelo de consolidación por el finiquito de su deuda histórica, se encuentra atrapado en una paradoja de desconfianza: las autoridades locales no pueden presumir solvencia ante el pueblo mientras acumulan suspensiones provisionales para evadir la acción de la justicia y sostienen un presunto desfalco de más de 236 millones de pesos sin aclarar ante las instancias fiscalizadoras.
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