El presidente municipal de Juventino Rosas, Guanajuato, Fidel Armando Ruiz Ramírez, publicó un video donde obliga a tres albañiles a golpearse con una tabla como castigo por presunto acoso sexual. El edil defendió la acción y activistas condenaron el abuso de poder y la tortura.

Juventino Rosas, Guanajuato. — Un video difundido en redes sociales desató una ola de indignación y un debate sobre los límites de la autoridad municipal en Guanajuato. El presidente municipal de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz Ramírez, grabó y publicó en su cuenta de Facebook una escena en la que tres trabajadores de la construcción reciben golpes con una tabla como sanción física tras ser señalados por acoso sexual contra una mujer en la zona centro del municipio.

En las imágenes, posteriormente eliminadas de la red, se observa al edil independiente acudir a la obra donde laboraban los hombres para interrogarlos sobre la queja ciudadana. Durante la grabación, Ruiz Ramírez exige a los trabajadores identificarse antes de obligarlos a ofrecer una disculpa pública y a golpearse mutuamente con una tabla de la propia construcción. "Ya no vuelve a pasar, una disculpa muchacha", expresa uno de los involucrados, identificado como Jesús, mientras sonríe con nerviosismo frente a la cámara. A lo largo de la dinámica, en la que cada uno debía recibir tres golpes, el mandatario municipal alienta el castigo entre risas de los presentes. "Échele, échele, bien tronado", instruye, para luego exclamar: "Para que se les quite, güeyes".

Ante los cuestionamientos por la promoción de castigos extrajudiciales, Ruiz Ramírez realizó una transmisión en vivo para defender su actuación. "No es que yo haya querido, ellos propusieron eso como tal, ofrecieron una disculpa", afirmó. "A lo mejor no fue el modo ni la manera. Tampoco digo que estuvo mal, les soy bien sincero", admitió. El edil sostuvo que propuso a los hombres esperar una denuncia formal ante el Ministerio Público, pero que ellos prefirieron el castigo físico para evitar un proceso legal, y aclaró que los albañiles no pertenecen a la nómina del Ayuntamiento.

El suceso generó posturas divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron la intervención directa bajo la premisa de frenar el acoso callejero, activistas y juristas condenaron el uso de la violencia física por parte de un servidor público. "Mi rechazo absoluto a la tortura y al abuso de poder. Ninguna conducta, por reprobable que sea, justifica que una autoridad realice tortura. La justicia no puede impartirse mediante la violencia ni al margen de la ley", indicó el abogado Johann Ariel Osornio Castillo.

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