La Sedena recibirá 13,680 millones de pesos del cobro a turistas extranjeros en 2027. La reasignación de recursos antes destinados a promoción turística apunta a la expansión económica militar y abre interrogantes sobre prioridades presupuestarias, viabilidad económica del país, transparencia y rendición de cuentas.
Hay apetitos que se alimentan de recursos públicos y crecen con cada nueva asignación presupuestaria. En México, el de las Fuerzas Armadas parece no tener llenadera.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una distribución de los ingresos del Derecho de No Residente (DNR) que destina el 57% de la recaudación estimada para 2027 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hablamos de 13,680 millones de pesos de una bolsa calculada en 24 mil millones.
El dato importa por su magnitud, pero también por lo que revela sobre las prioridades del gobierno. Los recursos que antes se destinaban íntegramente a la promoción turística ahora financiarán, entre otros conceptos, la operación y el desarrollo de infraestructura a cargo de las Fuerzas Armadas, incluido el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
El cambio no es menor. El Estado cobra a los visitantes extranjeros y redirige la mayor parte de esos ingresos hacia una institución militar que, además de sus funciones constitucionales, acumula responsabilidades empresariales, administrativas y operativas en sectores estratégicos.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto más necesita la estructura militar para administrar las obras deficitarias que el propio gobierno le ha confiado?
Porque no se trata únicamente de construir trenes, operar aeropuertos o administrar instalaciones. Se trata de la concentración progresiva de recursos, activos y actividades económicas en instituciones cuyo funcionamiento es otro pero no debe quedar al margen de la transparencia y la fiscalización que exige el dinero público.
La nueva distribución también deja 6,720 millones de pesos en la Tesorería de la Federación (Tesofe) sin un destino específico establecido en la norma, según la descripción del dictamen, mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) recibiría otros 3,600 millones. Entretanto, la promoción turística pierde la totalidad de una fuente de financiamiento que históricamente le correspondía.
Quienes defienden estas decisiones pueden argumentar que las obras necesitan recursos y que las Fuerzas Armadas tienen capacidad para ejecutarlas. Pero esa explicación no responde las preguntas esenciales: ¿por qué debe privilegiarse este mecanismo de financiamiento?, ¿qué proyectos recibirán el dinero?, ¿cómo se evaluará su rentabilidad?, ¿quién verificará los resultados y con qué grado de transparencia?
La disciplina militar no sustituye la rendición de cuentas. La capacidad operativa tampoco convierte cualquier asignación presupuestaria en una decisión incuestionable.
Y hay una contradicción adicional: mientras las autoridades buscan recursos para sostener sus prioridades de infraestructura, una actividad económica como el turismo pierde ingresos que podrían contribuir a promover los destinos que generan esa misma recaudación.
El problema no consiste en que las Fuerzas Armadas participen en una obra pública. Consiste en que cada nueva atribución económica y cada nueva transferencia de recursos amplían su presencia sin que los resultados económicos necesariamente avance al mismo ritmo sobre los límites, los costos y los controles de esa expansión.
Apetito Militar, no sólo es un editorial, es el nombre de una tendencia que merece escrutinio. No porque los uniformes expliquen por sí mismos el destino del dinero, sino porque ninguna institución del Estado debería acumular recursos y responsabilidades económicas sin responder con claridad por su uso.
Los 13,680 millones de pesos son una estimación presupuestaria. La pregunta política es mucho más grande: ¿dónde termina la participación económica de las Fuerzas Armadas y dónde comienza una concentración de poder que la sociedad todavía no ha discutido lo suficiente?
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