PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — Hay invitados que llegan a una casa a acompañar y terminan apoderándose de la conversación. El gobernador Alejandro Armenta Mier acudió al Segundo Informe de Gobierno del alcalde Pepe Chedraui y, en lugar de escuchar el balance municipal, presentó su propio catálogo de obras, cifras y anuncios. El informe del alcalde quedó como telón de fondo de un discurso que, en rigor, correspondía a su nivel de gobierno. La escena no es nueva en la política poblana, pero merece un análisis: ¿quién gobierna la capital, el ayuntamiento o el estado?
Armenta habló de 13 mil calles pavimentadas en Puebla capital durante 2026, después de 5 mil en 2025. Anunció 15 mil calles para el próximo año en el municipio y 30 mil en todo el estado. Recordó que en 2024 el 80 por ciento de las 53 mil calles de la capital presentaba deterioro. Y presumió el respaldo de PEMEX con materiales pétreos y la compra de maquinaria para ampliar las obras. Todos esos datos corresponden a su administración, no a la del ayuntamiento. Es decir, el gobernador presentó como logros propios lo que el alcalde debió presentar como logros municipales. La capital fue el escenario, pero el actor principal fue otro.
El gobernador también habló del agua. Recordó que el artículo 115 constitucional establece que el servicio corresponde a los ayuntamientos, pero afirmó que el acceso al agua debe garantizarse como derecho humano y no como mercancía. Acto seguido, anunció que el Gobierno del Estado puso en marcha 100 pipas para llevar el recurso a las colonias de la capital. La medida revela una contradicción: si el municipio es responsable del agua, ¿por qué el estado tiene que enviar pipas? La respuesta es que el sistema municipal no alcanza. Y en lugar de exigir al ayuntamiento que cumpla, el estado lo sustituye. El gesto es generoso en apariencia, pero deja en evidencia la debilidad de la administración municipal en uno de sus servicios más sensibles.
El anuncio más contundente fue el del Programa de Obra Comunitaria. Armenta recordó que en la capital se destinaron más de 400 millones de pesos a juntas auxiliares, inspectorías, rancherías, mercados y colonias, recursos administrados por mujeres tesoreras. Para 2027, anunció una inversión superior a 500 millones de pesos en el municipio, con la idea de que las propias comunidades definan los proyectos prioritarios. El esquema es interesante: el dinero no lo maneja el ayuntamiento, lo maneja el estado, y las decisiones las toman las comunidades. El alcalde, en ese arreglo, queda como espectador de una política que se ejecuta en su propio territorio.
Chedraui, en su turno, reconoció el respaldo del gobierno estatal y federal en materia de seguridad e infraestructura. Destacó el uso de trenes de pavimentación y la construcción del Puente de la Transformación, proyecto que busca responder a una demanda histórica de los pueblos originarios después de 70 años. Es decir, el alcalde agradeció obras que no son suyas y se sumó a un relato que lo coloca en un papel secundario. La pregunta que flota es inevitable: si el estado pavimenta las calles, envía pipas de agua y construye los puentes, ¿qué le queda al municipio? ¿La supervisión de bacheo, la entrega de despensas y los videomappings?
El acto tuvo, además, un componente discursivo que conviene subrayar. Armenta habló de "cambiar el modelo corrupto de calle-moche, calle-milpa", una crítica directa a administraciones anteriores, pero también una manera de deslindarse del presente municipal. Si el modelo corrupto ya se cambió, ¿por qué el alcalde actual no lo menciona en su informe? ¿Por qué no reclama para sí la pavimentación de 13 mil calles? La respuesta es que no puede: esas calles las pavimentó el estado, con recursos estatales y maquinaria estatal. El municipio administra la ciudad, pero el estado la transforma. Y en esa asimetría, el informe de gobierno del alcalde se convierte en una rendición de cuentas de lo que otros hicieron.
La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es, en abstracto, una buena noticia. En la práctica, cuando el estado ejecuta las obras que corresponden al municipio, la coordinación se convierte en sustitución. El alcalde pierde centralidad, el gobernador gana visibilidad y la ciudadanía recibe obras sin saber a quién agradecer ni a quién reclamar. La política se vuelve un juego de espejos donde cada nivel de gobierno presume lo que el otro hizo. Y el informe de gobierno, que debería ser el instrumento de rendición de cuentas más importante del municipio, termina siendo el escenario donde el gobernador se presenta como el verdadero alcalde de la capital.
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