Cientos de comerciantes afiliados al Movimiento Antorchista se manifiestan frente al edificio de Gobernación en Puebla para exigir seguridad en sus centros de trabajo. "Solo pedimos poder trabajar con tranquilidad y garantías para nuestras familias", señalan. La protesta ocurre en un contexto de precariedad laboral extrema: el 70.3% de los trabajadores poblanos son informales, el 87.5% de los jóvenes ocupados trabaja en la informalidad y el 37.1% vive en pobreza laboral. La demanda de seguridad no es solo una exigencia policial; es la demanda de supervivencia de un sector que el Estado ha dejado en la vulnerabilidad más absoluta.
PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — La manifestación frente al edificio de Gobernación no es una protesta más. Cientos de comerciantes afiliados al Movimiento Antorchista se concentraron para exigir la intervención de las autoridades ante la creciente inseguridad que afecta sus fuentes de ingreso. "Solo pedimos poder trabajar con tranquilidad y garantías para nuestras familias", señalaron. La frase es simple, pero en el contexto de Puebla es una demanda radical. Trabajar con tranquilidad implica que el Estado garantice la seguridad en los espacios laborales, que combata el cobro de piso y que proteja a los trabajadores que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social.
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2026 dibujan el telón de fondo de esta protesta. La Tasa de Informalidad Laboral en Puebla es del 70.3%. Siete de cada diez trabajadores son laboralmente vulnerables: trabajan en el sector informal, o trabajan en el sector formal sin acceso a seguridad social, o trabajan en el servicio doméstico remunerado sin prestaciones. La tasa bajó 0.8 puntos porcentuales en el último año, pero sigue siendo una de las más altas del país. En términos absolutos, la población en situación de informalidad aumentó en 58 mil personas respecto al año anterior, alcanzando los 2.20 millones de trabajadores.
El mercado laboral poblano presenta una paradoja que los números revelan con crudeza. La tasa de desocupación es de apenas 1.8%, una de las más bajas del país. Pero esa cifra esconde una realidad brutal: el 46.1% de los ocupados trabaja en condiciones críticas, el 57.3% gana un salario mínimo o menos, y el 82% gana dos salarios mínimos o menos. La baja desocupación no es un logro; es un espejismo. La gente no está desempleada porque trabaja en lo que sea, aunque sea en la informalidad, sin prestaciones y con ingresos por debajo de la línea de pobreza.
El rostro más vulnerable de esta precariedad es el de los jóvenes. El 87.5% de los jóvenes ocupados en Puebla trabaja en la informalidad. Significa que la generación que debería estar construyendo el futuro del estado está atrapada en empleos sin seguridad social, sin prestaciones y sin perspectivas de movilidad. La informalidad juvenil es el telón de fondo económico de una crisis social que el PUEBLA 217 ha documentado en otros frentes: los apuñalamientos en los bailes sonideros de San Andrés Cholula, la represión contra las normalistas de Teteles, la deserción policial en Esperanza.
La manifestación de los comerciantes antorchistas se suma a la lista de protestas en los últimos meses: los bloqueos de Santa María La Alta en Tlacotepec de Benito Juárez, el plantón de Acatlán de Osorio que derivó en la desaparición del Ayuntamiento, las marchas de Esperanza por la inseguridad tras la detención de su alcalde, las manifestaciones de Tehuacán contra el tarifazo del agua y contra la dirigencia estatal de Morena, y la protesta de los comerciantes del centro de Tehuacán que detuvieron a un falsificador ante la ausencia de la policía. La protesta antorchista no es solo una demanda de seguridad, es una demanda de supervivencia laboral en un estado donde el 70.3% de los trabajadores son informales.
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