El Congreso del Estado aprobó donar al gobierno estatal los polígonos municipales para las estaciones del cablebús, incluido Mayorazgo. Los amparos activos contra el proyecto no señalan al Legislativo como autoridad responsable.

PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. — El Congreso del Estado avaló, en sesión pública ordinaria, el dictamen que autoriza al Ayuntamiento de Puebla a enajenar —bajo la figura de donación a título gratuito— a favor del Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Movilidad y Transporte, los polígonos municipales para la construcción, instalación, equipamiento y operación de las estaciones del Sistema de Transporte por Cable.

En un acuerdo separado, el Pleno aprobó también la donación específica del Polígono de Estación para el Nodo de Transferencia Intermodal Mayorazgo, ubicado en Avenida 11 Sur esquina con avenida Las Margaritas. Ese predio había quedado fuera del esquema de donación aprobado por el Cabildo municipal el pasado 28 de agosto, cuando se formalizó bajo una figura legal distinta y no precisada.

Durante la discusión, expusieron posicionamientos a favor y en contra los diputados Rafael Alejandro Micalco Méndez, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, Miguel Márquez Ríos, Xel Arianna Hernández García, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Elvia Graciela Palomares Ramírez y Fedrha Isabel Suriano Corrales.

El aval legislativo llega mientras continúan vigentes al menos dos acciones judiciales contra el proyecto: un amparo que invoca el Acuerdo de Escazú, promovido por la organización NODHO y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, y una suspensión provisional promovida por el Colectivo Hermanos Serdán contra la tala e intervención de árboles. Ninguna de las dos acciones señala al Congreso del Estado como autoridad responsable.

Para Región Global, ese dato no es menor: mientras el litigio judicial se ha concentrado en actos del Ayuntamiento y de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, el Poder Legislativo ha quedado, en los hechos, fuera del paraguas de los amparos activos. El resultado es que cada vez que el proyecto encuentra un obstáculo legal en un nivel de gobierno, avanza por otro nivel donde no existe blindaje judicial: primero fue el comodato aprobado por el Cabildo, después la donación permanente, y ahora la ratificación de esa donación por el Congreso del Estado, con respaldo legislativo propio.

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