Diputados aprobaron en lo general la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Morena, PVEM y PT negaron censura; PAN, PRI y MC advirtieron riesgos para la libertad de expresion y cuestionaron quien decidira que permanece en Internet.
CDMX — La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de Internet frente a infracciones cometidas en el entorno digital.
La discusión exhibió una confrontación directa sobre el alcance de la reforma. Diputados de Morena, PVEM y PT sostuvieron que se trata de una actualización necesaria para proteger a autores, artistas y creadores, dar certeza jurídica y armonizar la legislación mexicana con los compromisos internacionales, incluido el T-MEC.
Jesús Valdés Peña, de Morena, afirmó que “no hay ninguna ley censura” y sostuvo que la reforma establece una corresponsabilidad entre autores, usuarios y proveedores. Luis Orlando Quiroga Treviño, del PVEM, aseguró que no existe responsabilidad automática para los intermediarios y que el mecanismo de aviso y retiro ya forma parte del régimen vigente. Reginaldo Sandoval Flores, del PT, rechazó que se trate de una regulación contra memes y sostuvo que el objetivo es actualizar la protección de derechos de autor frente al entorno digital.
La oposición planteó una lectura distinta. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre el posible impacto de la reforma en la libertad de expresión y en el funcionamiento cotidiano de Internet.
Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del PAN, cuestionó que los proveedores puedan verse obligados a suspender servicios y retirar contenidos sin debido proceso u orden judicial. Mario Zamora Gastélum, del PRI, resumió el problema en una pregunta: “quién decide qué se queda en el internet y qué desaparece”.
Desde Movimiento Ciudadano, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez señaló que la propuesta presenta posibles contradicciones al elevar el derecho patrimonial de autor frente a la libertad de expresión y advirtió sobre la falta de garantías suficientes para evitar decisiones arbitrarias. Claudia Gabriela Salas Rodríguez calificó la reforma como una “ley mordaza” y cuestionó las sanciones para los proveedores.
Otros legisladores opositores insistieron en el mismo punto. Theodoros Kalionchiz De la Fuente advirtió sobre posibles mecanismos de censura previa; María Angélica Granados Trespalacios reclamó garantías de debido proceso, y Miguel Ángel Salim Alle sostuvo que la protección del derecho de autor no debe construirse a costa de otros derechos.
La bancada oficialista respondió que la reforma no impide memes, sátiras, opiniones o críticas y que busca establecer responsabilidades claras en el entorno digital.
El debate, sin embargo, deja una pregunta central para el país: cuando la permanencia de un contenido puede generar responsabilidades para quien proporciona el servicio de Internet, ¿quién terminará decidiendo qué permanece y qué desaparece de la conversación pública digital?
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