La caída de Guadalupe Taddei fue consecuencia de investigaciones periodísticas que hicieron imposible al gobierno y a la 4T seguir encubriendo los abusos en el INE. Claudia Sheinbaum fue forzada a actuar tras los videos y revelaciones que volvieron indefendible a su recomendada de AMLO.
Ciudad de México | Región Global — La caída de Guadalupe Taddei fue consecuencia de investigaciones periodísticas que hicieron imposible para el gobierno y la 4T seguir encubriendo los abusos y corruptelas de la renunciada presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tras más de dos años y medio de revelaciones y varios videos vergonzosos de sus conflictos de interés, la hicieron indefendible y permitieron que se diera la ecuación natural en una sociedad democrática funcional: la prensa expone acciones inadmisibles y moviliza a los agentes de cambio. En este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum fue forzada a actuar, y con ella otras instituciones del Estado. Pero esta normalidad democrática no es normal en México.
La presidenta sigue defendiendo a Taddei porque es una de las suyas: pieza instrumental de la 4T en la destrucción de los órganos autónomos que servían de contrapeso al gobierno. Todavía la semana pasada, pese a las evidencias de sus corruptelas, hubo la tentación autoritaria en Palacio Nacional de tapar lo que había hecho, desacreditando a los medios que la exhibieron y atacándolos como mentirosos. No avanzó esa iniciativa porque era imposible ocultar sus andanzas, pero volvió a subrayar que el principal enemigo del régimen de la 4T son los medios y periodistas críticos, a quienes no ha podido doblegar en ocho años de ataques infames y sistemáticos.
Los hechos que este expediente acumuló muestran el tamaño de lo que se intentó contener. La UIF mantiene 70 cuentas bloqueadas de una red de siete proveedoras encabezada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, entre ellas Corporativo Zeg y Cajas Graf, y entre 2023 y 2024 bloqueó más de 400 cuentas de 13 personas físicas y 7 empresas. La ASF documentó que Comercializadora JVLY, proveedora sin empleados registrados ante el IMSS, recibió 63.2 millones de pesos en 2024 y en menos de tres semanas los transfirió a nueve empresas y una persona física; que Corporativo ZEG recibió facturas de empresas factureras; y que pagos por 793.9 millones a Talleres Gráficos se hicieron en 2024 por servicios entregados en 2025. La misma ASF investiga contratos por 514 millones y abrió una pesquisa de oficio que abarca al INE, a los OPLES y a las proveedoras.
El conflicto de interés no fue una sospecha: fue una fotografía. Jesús Octavio García González, representante de Cajas Graf y Corporativo Zeg, fue nombrado por Taddei director de Administración del INE en septiembre de 2025, pese a haber gestionado un contrato de casi 200 millones en urnas y mamparas, y renunció en abril de 2026 tras una denuncia ante el OIC. Jonathan Navarrete Torres, apoderado de Corporativo Zeg según el Registro Público de Comercio, apareció en nómina como chofer de la presidenta. Luis Alberto Bustamante Canizales, su conductor-cocinero, cobra casi 70 mil pesos como “Líder de Proyecto”. Y en las fiestas del proveedor Hernández Casillas aparecieron Mario Alfonso Burciaga Esparza, Enma Patricia García Rodríguez, Iliana Araceli Hernández Gómez y José Alberto Pérez de Acha, funcionarios que avalaban contratos, en una de las cuales se celebró que Cosmocolor ganó la licitación de la credencial por mil 173 millones. El video del hijo de Taddei con el proveedor en Le Meurice, en París, y el “no me voy” ante los consejeros completan la secuencia que sólo cedió cuando el costo político se volvió insostenible.
La defensa de Taddei, porque es recomendada del expresidente Andrés Manuel López Obrador, otra de las herencias que le dejó. Sheinbaum parece tratar de blindarla de más revelaciones, de la misma manera como se ha embarcado en la defensa de sus correligionarios metidos con el narcotráfico o los incompetentes que tiene a su alrededor. Su comportamiento dentro de la secta obradorista es a prueba de toda ignominia. Y mientras la presidenta pedía auditar también a Lorenzo Córdova para “extender” la culpa, dejaba intactos a 11 de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva identificados como cercanos a la exconsejera: el taddeísmo sigue enquistado en el Instituto que dizque se está limpiando. La renuncia no es victoria del gobierno sino derrota de su estrategia de encubrimiento, y la llegada de Blanca Cruz tampoco borra el problema: la nueva titular arrastra los señalamientos por JVLY en Puebla por 129.7 millones sin documentación completa y por la transferencia de 27 mil 750 votos de Morena a Fuerza por México.
Fuente: Región Global
0 Comentarios