Penas de prisión, obligaciones de retirar contenidos y nuevas responsabilidades para plataformas configuran un escenario de riesgo para la libertad de expresión en México. El problema no es una sola ley, sino la acumulación de facultades, sanciones y márgenes de interpretación.
La libertad de expresión no necesita ser prohibida de manera general para perder terreno. También puede debilitarse cuando publicar, compartir una investigación, utilizar imágenes oficiales o cuestionar al poder implica mayores riesgos penales, económicos o jurídicos. El balance de las recientes decisiones legislativas y regulatorias en México plantea precisamente esa preocupación.
El primer frente es penal. El Senado aprobó reformas a la legislación sobre propiedad industrial y el Código Penal Federal que incorporan el artículo 403 Bis, con una pena de cinco años de prisión y multas de mil a diez mil UMA por determinados usos, a escala comercial, de identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos oficiales, con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito. La disposición no convierte automáticamente cualquier fotografía, caricatura o meme en delito, pero su aplicación dependerá de cómo se acrediten los elementos que exige el tipo penal.
Un segundo frente es la responsabilidad de los intermediarios digitales. En la Cámara de Diputados se discutieron reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer responsabilidades secundarias de los proveedores de Internet. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas expresaron posiciones contrapuestas: mientras sus defensores argumentaron que se busca proteger a los creadores, sus críticos advirtieron sobre el riesgo de que las plataformas retiren contenidos para evitar consecuencias económicas. La aprobación en lo general no debe confundirse con la conclusión del procedimiento legislativo.
El tercer frente ya tiene un instrumento publicado. El decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, del 14 de octubre de 2026, obliga a las plataformas a establecer mecanismos de verificación de edad, publicar criterios de moderación, retirar inmediatamente cuentas o contenidos comprendidos en sus prohibiciones y atender requerimientos de autoridades. También exige preservar evidencia digital durante al menos 90 días hábiles. Las empresas deben informar sus medidas dentro de un plazo máximo de 30 días naturales. El decreto no contempla sanciones específicas por incumplimiento, aunque la Presidenta anunció que promovería una ley sancionadora si considera insuficientes los resultados.
Proteger a menores y combatir la falsificación son objetivos legítimos. La cuestión es si las reglas delimitan suficientemente las conductas, garantizan procedimientos de revisión y permiten corregir retiros indebidos. En Puebla, la Suprema Corte invalidó el delito de ciberasedio precisamente porque su ambigüedad impedía conocer con certeza qué conductas podían castigarse y abría la puerta a sancionar interacciones legítimas en redes sociales.
¿Está comprometida la libertad de expresión? Los documentos permiten identificar un riesgo concreto para su ejercicio efectivo, aunque no prueban por sí solos que exista una prohibición general ni una estrategia coordinada detrás de todas las medidas. Cuando confluyen sanciones penales, obligaciones de retirada inmediata y posibles responsabilidades para intermediarios, aumenta la importancia de las garantías legales y de los mecanismos de impugnación.
El problema de fondo es quién decide qué puede permanecer en el espacio público digital y bajo qué controles. La libertad no se garantiza únicamente con declaraciones oficiales: requiere normas precisas, procedimientos transparentes, revisión independiente y protección efectiva para el periodismo, la sátira y la crítica política.
Fuentes oficiales: Diario Oficial de la Federación, decreto de entornos digitales seguros, 14 de octubre de 2026; Cámara de Diputados, reformas sobre protección penal de la propiedad intelectual; Cámara de Diputados, debate sobre responsabilidad secundaria en Internet; Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolución sobre ciberasedio en Puebla.


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