Gobiernos de todos los colores compran tecnología para abrir teléfonos y rastrear personas, y casi ninguno explica alcance, proveedor ni controles. La opacidad no prueba un delito, pero impide descartarlo, y en democracia eso le corresponde a quien vigila.
En Puebla, la Fiscal General Idamis Pastor Betancourt aseguró que el software israelí Cellebrite, que la Fiscalía pretende adquirir, "no tiene como función el espionaje" y que cada extracción requerirá orden de un juez. En el Estado de México, según reportó Reforma, el gobierno estatal compró por 11 millones de pesos un software capaz de rastrear telefonía celular, redes de contactos y datos geográficos. Son dos noticias distintas, pero comparten una escena que se repite en México desde hace más de una década: se compra la tecnología, se da una explicación general y se deja fuera todo lo que permitiría verificarla.
No es un fenómeno de un solo gobierno. En 2014, durante la gestión de Tomás Zerón en la entonces PGR, se contrató Pegasus por 32 millones de dólares; la UIF señaló después que no era el primer malware adquirido, pues ya había uno en el gobierno de Felipe Calderón. En Guerrero se investigó a exfuncionarios de la administración de Ángel Aguirre Rivero por la compra irregular de un software de espionaje por 17.5 millones de pesos. Se informó también del gasto de hasta 5.1 millones de dólares en el sistema ULIN, y la UIF vinculó a gobiernos de Veracruz y del Estado de México con empresas ligadas a Pegasus, como Tech Bull. Cambian los sexenios, los partidos y los proveedores; la lógica se mantiene.
Conviene decirlo con precisión. Que una autoridad no transparente una compra no demuestra que la use de forma ilegal. La ley permite reservar cierta información por razones de seguridad pública, y comprar una herramienta no es, por sí mismo, un delito. Pero la opacidad sí produce un efecto verificable: nadie fuera de la institución puede comprobar que el uso es legal. Y cuando se trata de acceder a las comunicaciones, la ubicación y las redes personales de las personas, la confianza no es un mecanismo de control; lo es la posibilidad de auditar.
Por eso la carga de la prueba debe recaer en quien vigila, no en quien es vigilado. La ciudadanía no tiene que demostrar que se abusará; la autoridad tiene que mostrar que no se puede abusar sin dejar rastro.
La verdad a medias
El caso de Puebla ilustra el problema. Todo lo que la fiscal dijo es técnicamente plausible: Cellebrite exige acceso físico al dispositivo, no infecta a distancia, y es una compra común en fiscalías de Costa Rica, Chile y España. Pero se describe solo el uso más defendible, la extracción forense de equipos asegurados, y se omite el más delicado: Cellebrite también vende soluciones para extraer datos de cuentas en la nube. Una orden para peritar un teléfono no equivale a autorizar el acceso a todo lo que ese teléfono guarda fuera del aparato, ni a los datos de terceros.
Hay además un problema de proporción. Si el uso declarado es la extracción de datos en delitos graves como el homicidio doloso, habría que explicar por qué ese volumen justifica la inversión, y cuántos de los teléfonos asegurados exigen en realidad un desbloqueo avanzado. Esos datos no son públicos. Sin ellos, la pregunta de si hay otros usos queda sin respuesta.
Ninguna de estas preguntas compromete una investigación en curso, y todas pueden responderse sin revelar objetivos:
Quién compra y con qué facultad legal. Qué procedimiento se siguió: licitación o adjudicación directa. Quién es el proveedor y quién es su beneficiario final. Qué módulos se contratan, y si incluyen extracción en la nube, geolocalización o análisis de vínculos. Qué orden judicial se exigirá para cada uso y cómo se registrará. Quién audita el uso, con qué periodicidad y a quién rinde cuentas. Cuántos dispositivos se aseguran al año y cuántos requieren herramientas avanzadas.
La experiencia internacional con este tipo de herramientas no autoriza la ingenuidad. Citizen Lab documentó el uso de Cellebrite contra activistas en Jordania desde al menos 2020, se denunció su uso en Kenia contra el activista Boniface Mwangi, y organizaciones señalaron su empleo en Rusia con fines de represión política. La tecnología no es el villano: lo es la ausencia de contrapesos que la acompaña.
Cada nueva compra sin explicación repite el ciclo: se adquiere, se filtra, se niega, se investiga y, años después, se compra de nuevo. Romperlo no exige prohibir estas herramientas, sino algo más sencillo y más incómodo: publicar las reglas antes de usarlas. Mientras eso no ocurra, la opacidad no será una prueba de ilegalidad, pero sí la razón por la que nadie podrá demostrar que no la hay.


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