El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su Reporte sobre el Clima de Inversión 2025 que las prácticas de corrupción y las acusaciones de vínculos entre funcionarios y crimen organizado continúan afectando la confianza pública y preocupando a inversionistas.
WASHINGTON, EE.UU. Las prácticas de corrupción en México continúan representando una preocupación para los inversionistas y afectan la confianza pública, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en su Reporte sobre el Clima de Inversión en México, correspondiente a 2025.
El documento señala que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una agenda de iniciativas contra la corrupción, persisten desafíos relacionados con prácticas ilícitas dentro de las instituciones públicas y con acusaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones del crimen organizado.
Entre los casos de corrupción oficial que, según el reporte, aparecen con mayor frecuencia se encuentran el robo de fondos públicos, la creación de empresas ficticias para desviar recursos gubernamentales y la exigencia de sobornos a cambio de no procesar actividades delictivas o de favorecer la adjudicación de contratos públicos.
El Departamento de Estado también identifica como motivo de preocupación las acusaciones que relacionan a funcionarios públicos con el crimen organizado. El señalamiento aparece dentro de su evaluación de los factores que pueden afectar el entorno para la inversión extranjera en México.
Otro de los aspectos mencionados en el informe es la situación de las instituciones autónomas vinculadas con la transparencia. El documento expresa preocupación por lo que considera un debilitamiento de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El reporte incorpora estos elementos dentro de una evaluación más amplia sobre las condiciones que enfrentan las empresas e inversionistas en México. La corrupción, de acuerdo con el documento estadounidense, no se limita al impacto sobre los recursos públicos, sino que también puede afectar la confianza en las instituciones y las condiciones para desarrollar actividades económicas.
La evaluación corresponde al ejercicio 2025 y forma parte de los reportes que el Departamento de Estado utiliza para describir las condiciones de inversión de distintos países. Sus señalamientos sobre México incluyen tanto las medidas anunciadas por el gobierno para combatir la corrupción como los desafíos institucionales que, según el documento, permanecen pendientes.
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