Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tiene un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, empresa proveedora del organismo indagada por la UIF, la ASF y la Cofece. Omitió el dato en su declaración patrimonial.
CDMX — Jonathan Navarrete Torres, adscrito oficialmente como chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aparece desde 2023 como "apoderado" de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo e indagada por irregularidades en sus contratos. De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el 28 de junio de 2023, en el acta 64225000P0, uno de los representantes de Zeg, Rodolfo Higareda Coen, entregó a Navarrete Torres "un poder general para pleitos y cobranzas". Con ello tenía facultades para ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, dirigencias civiles, judiciales o administrativas, demandas, amparos, pujas y mejoras para el corporativo.
Corporativo Zeg junto con Cajas Graf dominan el mercado de materiales electorales, y también tuvieron como representante legal en 2023 a Jesús Octavio García González, quien bajo la presidencia de Taddei se desempeñó, hasta abril pasado, como director de Administración del INE, a pesar del obvio conflicto de interés. Navarrete Torres posee el poder desde el 28 de junio de 2023 para una empresa que fue investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos vínculos con el crimen organizado y a la que, junto con otra empresa asociada, Cajas Graf, se le congelaron sus cuentas. También la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las ha indagado por prácticas ilícitas, y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) les abrió en mayo de 2024 un expediente por prácticas monopólicas.
Zeg y Cajas Graf tienen a los mismos dueños, los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, y han obtenido contratos con Taddei desde 2021, cuando ella era titular del instituto electoral en Sonora. En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, en su calidad de secretaria ejecutiva del instituto electoral local, dio un contrato por 32 millones de pesos a Zeg. Hernández Gómez fue nombrada por Taddei como titular de la Unidad de Género del INE. En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, entonces presidenta del instituto electoral local, asignó en 2021 un contrato por 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. Tres años después, Espino se convirtió en Secretaria Ejecutiva del INE impulsada por Taddei.
Ambas firmas aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, dos meses después de que Taddei asumió como presidenta. La cercanía de la funcionaria con dichas empresas llegó al punto de contratar a Jonathan como su chofer a partir del 15 de abril de 2025, según registros oficiales. Conforme a su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, Navarrete percibe un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales por transportar de "manera segura y eficiente" a la presidenta. En su declaración, Navarrete omitió informar que era apoderado para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, y solo reportó que su trabajo anterior había sido en Mercedes Benz, también como chofer. Se graduó en la Universidad Tres Culturas con grado de bachillerato, con estudios en Diseño Gráfico.
De finales de 2025 hasta abril de este año, la presidenta era trasladada en una BMW blindada que no pertenecía a la flota vehicular del INE. La funcionaria argumentó que la Chevrolet Captiva proporcionada por el INE a todos sus homólogos se había descompuesto, por lo que el vehículo en el que se desplazaba era "prestado". Nunca aclaró si el "préstamo" correspondía a la empresa proveedora en la que también laboraban su chofer y el director de Administración del INE. La coincidencia entre el poder legal, el puesto de chofer y el uso de un vehículo externo configura un entramado de vínculos que el organismo no ha explicado públicamente.
El caso se produce a ocho meses de la jornada del 6 de junio de 2027, en un contexto donde el INE tendrá a su cargo la organización de la elección más grande de la historia reciente, con más de 19,000 cargos en disputa. La confianza en el árbitro electoral es uno de los factores que el expediente acumulado registra como crítico: el TEPJF tiene pendiente de votación un proyecto que propone obligar al INE a investigar los actos anticipados denunciados por Movimiento Ciudadano, y la Comisión de Integridad impulsada por el organismo opera como mecanismo voluntario para revisar antecedentes de candidatos. La revelación sobre el chofer de Taddei añade un cuestionamiento adicional sobre la transparencia en la gestión de la presidenta del instituto.
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