El INE prevé destinar 62.4 millones de pesos a nuevos uniformes para capacitadores y supervisores electorales, tras abandonar el uso de chalecos rosas por el cambio de imagen institucional. La decisión genera cuestionamientos sobre inventarios, licitación, seguridad y aprovechamiento de prendas.
CDMX — El cambio de imagen institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá consecuencias presupuestales en la preparación de la próxima elección: miles de chalecos rosas y otras prendas que todavía podrían reutilizarse quedarán fuera de servicio para el personal de campo, mientras el organismo proyecta gastar 62.4 millones de pesos en nuevos uniformes.
La decisión responde, según directivos del instituto, a razones de seguridad. Los capacitadores y supervisores electorales, conocidos como CAES, deberán portar prendas en gris como color base, además de beige, blanco y negro. Sin embargo, las áreas responsables reconocieron que la determinación de no aprovechar los uniformes existentes fue “difícil” y que todavía analizan su destino. Una alternativa consiste en donarlos, siempre que antes se retiren los distintivos oficiales.
Durante la primera sesión de las comisiones unidas de Capacitación y Organización Electoral, el consejero Martín Faz cuestionó la falta de claridad sobre el aprovechamiento de los inventarios. “La dirección ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha informado que existen miles de prendas que todavía se encuentran en condiciones de reutilización”, señaló. También pidió explicar por qué el informe recibido indicaba que esa posibilidad “no aplica” y qué se hará con los chalecos y las demás prendas.
Faz solicitó además información sobre la planeación presupuestal y operativa de la adquisición, al recordar que la identidad institucional fue modificada en dos ocasiones durante un periodo breve. Preguntó si se evaluaron los inventarios disponibles, las posibilidades de reutilización, los recursos necesarios y los plazos de contratación antes de decidir la compra. También recordó los problemas registrados en el proceso de 2024, cuando miles de colaboradores comenzaron sus labores sin contar con el uniforme completo.
El calendario añade presión al procedimiento. De acuerdo con lo expuesto por el consejero, el plazo legal para emitir la licitación internacional vencía el 16 de octubre, mientras que los bienes adquiridos con presupuesto de 2026 deberán recibirse a más tardar el 31 de diciembre. Faz preguntó si la licitación ya se había presentado formalmente y si existía certeza sobre los tiempos de fabricación y entrega. Añadió que el Órgano Interno de Control también había formulado observaciones.
El caso deja pendientes dos asuntos: conocer el destino definitivo de las prendas que aún pueden utilizarse y transparentar la contratación estimada en 62.4 millones de pesos. La justificación de seguridad deberá coexistir con la rendición de cuentas sobre el gasto público y la planeación de los suministros electorales.


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