La comunicación del gobierno de Puebla reporta reducciones reales en delitos, pero presentan el tercer lugar nacional en victimización como logro, afirman "cero impunidad" y omiten la crisis forense, el huachicol y las desapariciones documentadas por Región Global.
Mexconomy / Región Global — La estrategia de comunicación del gobierno del estado de Puebla, presenta un balance de seguridad que combina datos verificables con omisiones estratégicas. El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que "en Puebla no hay impunidad" y que "se aplica la ley sin omisión". Las cifras que respaldan esas afirmaciones —una reducción del 26.7 por ciento en homicidio doloso y del 47.3 por ciento en feminicidio— son reales y consistentes con los registros de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la presentación de esos datos omite los indicadores que contradicen la narrativa oficial: la brecha forense de 1,799 cuerpos, las 326 tomas clandestinas de combustible, las 2,437 desapariciones sin resolver y el 74.4 por ciento de carpetas de investigación sin persona imputada. La verificación cruzada con el repositorio de datos del Inegi, la FGE y los censos forenses permite distinguir lo que el gobernador dice de lo que oculta.
El primer dato que merece precisión es el "tercer lugar nacional" que el gobernador destacó como logro. En los hechos, Puebla ocupa el tercer lugar nacional en victimización, con 26,164 víctimas por cada 100 mil habitantes, según la ENVIPE 2026 del Inegi. Es decir: el estado es el tercero del país donde más personas sufrieron al menos un delito en 2025. El comunicado presenta ese lugar como un éxito sin especificar de qué ranking se trata, lo que constituye una manipulación discursiva: convierte un indicador negativo en una aparente distinción positiva. La ambigüedad del lenguaje —"ranking correspondiente a septiembre"— permite sugerir un logro sin asumir la responsabilidad de decir cuál es. En el mismo período, Puebla ocupa el segundo lugar nacional en incidencia delictiva (41,876 delitos por 100,000 habitantes) y el quinto en percepción de inseguridad en la entidad (83.3 por ciento).
Puebla: indicadores clave 2025
Comparación entre lo reportado oficialmente y los datos verificados en el repositorio
Las reducciones que reportó la fiscal Idamis Pastor Betancourt son verificables. Entre enero y agosto de 2026, el homicidio doloso cayó 26.8 por ciento respecto al mismo período de 2025; el feminicidio, 58.8 por ciento; la extorsión, 36.1 por ciento; el secuestro, 40 por ciento; el robo de vehículo, 15.6 por ciento; y la falsificación, 41.2 por ciento. En varios casos, la reducción es incluso mayor en el corte disponible que la reportada para enero-septiembre. Estos datos no son inventados ni maquillados: la tendencia a la baja en delitos específicos es real y debe reconocerse. El problema no está en las cifras, sino en lo que se construye con ellas. Cuando el gobernador afirma que "en Puebla no hay impunidad", la frase es insostenible con los datos del propio sistema de justicia: el 74.4 por ciento de las 82,122 carpetas abiertas en 2025 no tienen persona imputada, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026. Y la brecha entre los 3,697 cadáveres recibidos por los servicios forenses y las 1,898 víctimas de homicidio o feminicidio registradas en carpetas es de 1,799 cuerpos que no aparecen como delito en el sistema. La impunidad no es una percepción: es un dato medible.
La afirmación de que "se aplica la ley sin omisión" también requiere matices. El repositorio documenta la detención de siete alcaldes por vínculos con el crimen organizado —entre ellos los de Esperanza y Tepeyahualco—, la detención de siete directores de Seguridad Pública en la Mixteca y la Sierra Norte, y la deserción de 17 policías municipales en Esperanza tras la detención de su alcalde. La respuesta institucional llegó, pero después de que la omisión permitiera que esas estructuras se consolidaran. En Tepeaca y Tecamachalco, las denuncias por extorsión relacionadas con el huachigas apuntan a mandos policiales que no fueron detenidos en los operativos recientes. El comunicado celebra la detención de "El Bukanas" y "El Moco", pero no menciona que en 2025 se registraron 326 tomas clandestinas de combustible en el estado, el 43 por ciento del total nacional, ni que Puebla encabezó el ranking de robo de gas LP con más de 300 tomas. El huachicol no es un logro en extinción: es una crisis en curso que el comunicado omite.
La lista de omisiones es extensa y consistente con el patrón de comunicación oficial. Los comunicados no mencionan las 2,437 desapariciones sin resolver entre enero de 2025 y mayo de 2026, concentradas en un 50.5 por ciento en Tehuacán. No mencionan los 19,160 casos de violencia familiar registrados entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, el delito más frecuente y el más silenciado. No mencionan que Puebla ocupa el tercer lugar nacional en victimización y el segundo en incidencia delictiva, según la ENVIPE 2026. No mencionan que solo el 58.6 por ciento de la población confía en la policía estatal y que la policía de tránsito es percibida como corrupta por el 74.1 por ciento de los ciudadanos. No mencionan que la percepción de inseguridad en la entidad (83.3 por ciento) es mayor que en la capital (81.3 por ciento), lo que desmiente la tesis de que el problema se limita a la ciudad de Puebla. La estrategia no es mentir con las cifras: es seleccionar las que favorecen la narrativa y omitir las que la contradicen.
El ejercicio de verificación no busca negar los avances. Las reducciones en homicidio, feminicidio, extorsión y secuestro son reales y verificables. Las detenciones de objetivos prioritarios están documentadas. Los operativos contra el huachicol y el narcomenudeo existen. Pero el balance oficial presenta una realidad parcial que oculta las dimensiones más graves de la crisis: la brecha forense que evidencia el subregistro de homicidios, las desapariciones que permanecen sin resolver, la violencia familiar que no aparece en los rankings, y la desconfianza ciudadana que no se mide con operativos. Mientras esas omisiones persistan, la afirmación de "cero impunidad" seguirá siendo una consigna, no un dato. La seguridad en Puebla no mejora por decreto ni por comunicado: mejora cuando las cifras que se celebran coinciden con las cifras que se ocultan.
| Afirmación oficial | Verificación con datos del repositorio | Resultado |
|---|---|---|
| Homicidio doloso: -26.7% | Ene-ago 2025: 529; ene-ago 2026: 387 (reducción 26.8%) | Verificable |
| Feminicidio: -47.3% | Ene-ago 2025: 17; ene-ago 2026: 7 (reducción 58.8%) | Verificable |
| Extorsión: -30.4% | Ene-ago 2025: 169; ene-ago 2026: 108 (reducción 36.1%) | Verificable |
| "Tercer lugar nacional" | 3° en victimización (26,164 por 100,000 hab.) | Manipulación discursiva |
| "En Puebla no hay impunidad" | 74.4% de carpetas sin imputado; brecha forense de 1,799 cuerpos | Insostenible |
| "Se aplica la ley sin omisión" | 7 alcaldes y 7 directores de Seguridad detenidos por colusión | Parcialmente falso |
| Crisis forense (no mencionada) | 3,697 cadáveres vs 1,898 víctimas en carpetas (1,799 sin clasificar) | Omitida |
| Huachicol (no mencionado) | 326 tomas clandestinas (43% nacional); primer lugar en gas LP | Omitida |
| Desapariciones (no mencionadas) | 2,437 casos sin resolver (ene 2025-may 2026) | Omitida |
| Violencia familiar (no mencionada) | 19,160 casos (dic 2024-ago 2026), el delito más frecuente | Omitida |
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