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La huelga en Volkswagen se definirá antes del jueves y la economía de Puebla pende de un hilo. Mientras tanto el gobierno de Alejandro Armenta presume helicópteros, drones y deporte. Sobre la armadora que sostiene a más de 200 proveedores y 3,000 empleos indirectos, ni una sola línea.

El jueves 22 de octubre, a las 11:00 horas, vence el plazo para huelga en Volkswagen de México. No es un conflicto más. Es la armadora que ancla la manufactura exportadora de Puebla, un sector que concentra 98.4% de las exportaciones del estado.

Los trabajadores ya hablaron. El 11 de septiembre rechazaron 10.04%. El 15 de octubre, con 90.3% de participación, rechazaron 13.16% con 3,135 votos en contra y 2,452 a favor. La STPS y el CFCRL validaron el resultado y llamaron al diálogo. La empresa respondió que no evitará una huelga si eso pone en riesgo el futuro de la planta. Todos los actores han dicho algo, menos uno.

Revisemos qué comunicó hoy el Gobierno del Estado de Puebla, el lunes en que el sindicato se sienta en la Ciudad de México con la STPS y la armadora. Presumió helicópteros, blindados y drones. Informó sobre una explosión en Zacaola y las mejoras de Protección Civil. Celebró el Premio Estatal del Deporte, unas visorías de sóftbol y la Carrera Panamericana, de la que estima, sin verificación independiente, una derrama de 8 millones de pesos. Hasta una fiesta de muertos en Chapulco tuvo boletín. Sobre Volkswagen no hubo una línea.

El contexto vuelve inexplicable el silencio. La manufactura poblana cayó 17.2% anual en junio, la actividad industrial total retrocedió 13.0% y la inversión extranjera directa se desplomó 62.8% en 2025. VW ya ejecutó 800 despidos directos y hay 3,000 trabajadores indirectos afectados. Más de 200 proveedores dependen de su cadena. Todo esto ocurre en un estado donde 70.3% de las personas ocupadas está en la informalidad: quien pierde un empleo en la industria rara vez encuentra otro igual.

Dirán que la negociación es entre sindicato y empresa, y que la autoridad laboral es federal. Es cierto, y nadie pide que el gobernador firme el contrato. Se le pide lo mínimo de quien gobierna: una postura pública, una ruta de contingencia para los despedidos y los proveedores, una mesa de coordinación con la Federación. En septiembre sí hablaron. Se dijeron "atentos y pendientes" y respaldaron a los trabajadores. Hoy, con la huelga a tres días, no hay registro de una sola palabra.

Gobernar no es administrar la imagen en los buenos días. Es aparecer cuando el estado se juega su principal motor económico. Si el jueves estalla la huelga, el costo lo pagarán obreros, proveedores y comercios de toda la cadena, y sin plan que los amortigüe. Si no estalla, será por un acuerdo en el que el gobierno de Alejandro Armenta no tuvo ninguna voz.

Cuando alguien pregunte dónde estaba el gobierno, hay una respuesta en sus propios boletines: estaba hablando de otra cosa.

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