Miles de ciudadanos marcharon por segunda vez en Guadalajara para exigir agua limpia y gritaron "¡Fuera Lemus!". La protesta se tornó violenta cuando encapuchados del llamado Bloque Negro lanzaron petardos y bombas molotov contra el Palacio de Gobierno y la Catedral. Un corresponsal de La Jornada resultó herido. Vecinos y locatarios se organizaron para repeler a los infiltrados.
GUADALAJARA, JALISCO | Región Global — La crisis por el agua en Guadalajara escaló este domingo a un nuevo nivel de confrontación. Miles de ciudadanos se concentraron en el Parque Rojo y marcharon por el Centro de la ciudad para exigir agua limpia y de calidad, en la segunda megamarcha convocada en contra Del gobierno de Pablo Lemus Navarro. La protesta, que comenzó de manera pacífica en el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo, derivó en disturbios cuando personas encapuchadas identificadas como integrantes del llamado "Bloque Negro" lanzaron petardos y bombas molotov contra el Palacio de Gobierno, la Catedral y los propios manifestantes.
Vecinos y locatarios del Centro de Guadalajara se organizaron para alejar de la zona a los encapuchados, en un intento por proteger a las familias, adultos mayores, niñas y niños que participaban en la movilización. "La protesta tenía como objetivo manifestarse pacíficamente, no generar agresiones ni causar daños a otros ciudadanos", señalaron los manifestantes, quienes gritaron a los infiltrados que se retiraran. A pesar de sus esfuerzos, los disturbios se extendieron: se reportaron robos, destrozos y pintas a comercios, además de la agresión a un corresponsal de La Jornada, que resultó herido por los petardos lanzados por los encapuchados.
El secretario de Seguridad de Jalisco advirtió sobre la presencia de "reventadores" provenientes de otros estados del país, aunque no ofreció detalles sobre su identidad ni sobre las organizaciones a las que pertenecerían. Ciudadanos comunes denunciaron que los infiltrados usan capuchas y emplean petardos y bombas molotov para desprestigiar el contingente, y señalaron que las estrategias utilizadas recuerdan a las de la desaparecida Federación de Estudiantes de Guadalajara. Algunos manifestantes acusaron directamente al gobernador Pablo Lemus y a su cuerpo de asesores de organizar la infiltración, una acusación que no ha sido respondida por las autoridades.
La mujer que fue agredida por elementos antimotines el pasado domingo afuera de Casa Jalisco regresó este 18 de octubre a la movilización, en un gesto que simboliza la persistencia del reclamo ciudadano. Miles de personas reunidas en el Parque Rojo decidieron quedarse ahí y manifestarse de manera pacífica, mientras en el primer cuadro del Centro los disturbios crecían con encapuchados lanzando petardos al Palacio de Gobierno, a la Catedral e incluso en contra de los mismos manifestantes. La imagen de una protesta por un derecho básico contaminada por la violencia de infiltrados plantea un desafío para el movimiento ciudadano, que busca mantener la legitimidad de su exigencia frente a los actos de provocación.
Morena Jalisco no se ha desmarcado de los hechos ocurridos en la marcha, lo que ha generado suspicacias sobre la posible vinculación de grupos afines al partido con los disturbios. La ausencia de un pronunciamiento claro por parte de la dirigencia estatal del partido oficialista deja abierta la interpretación sobre su papel en la escalada de violencia, en un contexto donde la crisis del agua se ha convertido en el principal frente de conflicto entre el gobierno de Lemus y la ciudadanía. La segunda megamarcha confirma que la indignación por el agua sucia no cede, y que la respuesta del gobierno estatal —centrada en el despliegue policiaco y la denuncia de infiltrados— no ha logrado contener la protesta social.
El saldo de la jornada incluye comercios dañados, un periodista herido y una ciudadanía que exige respuestas a una crisis que se agrava con el paso de los días. La primera marcha, el 11 de octubre, terminó con siete detenidos, algunos estudiantes de la UdeG, y enfrentamientos frente a Casa Jalisco. La segunda, este 18 de octubre, deja en evidencia que la estrategia de confrontación no solo persiste, sino que se sofistica con la participación de grupos encapuchados que, según los manifestantes, buscan desacreditar un movimiento legítimo. El gobierno de Pablo Lemus enfrenta la disyuntiva de atender la demanda de agua limpia o profundizar la represión, en un estado donde la crisis hídrica y la desconfianza ciudadana se retroalimentan.
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