El Senado de la República aprobó expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con el objetivo de establecer bases, principios, criterios y mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interconectar los catastros y los registros públicos de la propiedad.
CDMX — El proyecto fue aprobado en lo general con 69 votos a favor y 32 en contra. Las propuestas de modificación presentadas por senadores del PAN y del PRI fueron rechazadas. Los artículos reservados se aprobaron en los términos del dictamen, con 66 votos a favor y 28 en contra. La minuta fue enviada al Ejecutivo.
Entre los instrumentos previstos en la nueva legislación se encuentra el Plan Nacional Catastral, que establecerá directrices y acciones para fortalecer estos sistemas; la Clave Única Catastral, destinada a identificar los inmuebles, y la Cédula Única Catastral y Registral, que concentrará elementos mínimos para identificar y localizar propiedades, además de vincular la información correspondiente.
La ley también contempla la Plataforma Catastral Municipal, un mecanismo de coordinación tecnológica entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para fortalecer y modernizar la cartografía catastral.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, afirmó que la legislación busca mejorar la certeza jurídica sobre los inmuebles mediante información confiable sobre sus propietarios, características y situación registral. Sostuvo que impulsa la transparencia y la modernización digital sin invadir la autonomía municipal ni centralizar el cobro del impuesto predial, que permanece en el ámbito municipal.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de la Primera Comisión de Estudios Legislativos, señaló que la ley establece bases comunes para que las autoridades catastrales y registrales intercambien información, identifiquen inconsistencias y faciliten correcciones conforme a la legislación aplicable.
Por Morena, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz expuso que un mismo inmueble puede tener información distinta en el catastro y en el registro público, una desconexión que, dijo, puede dificultar la acreditación de la posesión, afectar los ingresos municipales y facilitar despojos.
El panista Miguel Márquez Márquez advirtió que la modernización debe proteger la información frente a posibles manipulaciones. Señaló que digitalizar los sistemas no es suficiente si no se garantizan los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
Por el PVEM, Gilberto Hernández Villafuerte defendió el uso de tecnología para actualizar los procesos administrativos relacionados con el registro de la propiedad y avanzar hacia un gobierno más eficiente y transparente.
El priista Gabriel Elizondo Pérez advirtió que la modernización no debe concentrar las decisiones en la Federación ni afectar las facultades constitucionales de los municipios. También señaló la necesidad de recursos para digitalizar los sistemas y capacitar al personal.
Lizeth Sánchez García, del PT, sostuvo que la ley permitirá corregir inconsistencias catastrales y facilitar trámites sin modificar los derechos de propiedad mediante procedimientos sencillos. También destacó el intercambio seguro de datos y la posibilidad de reducir visitas a oficinas públicas.
Por Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina alertó sobre las posibles cargas administrativas y económicas para los municipios, que tendrían que revisar documentos, asignar personal y adoptar nuevos sistemas. Añadió que la modernización podría incrementar los costos para las familias.
La aprobación y las posturas de los legisladores quedaron consignadas en el comunicado oficial del Senado. Los efectos concretos de la nueva legislación dependerán de su aplicación y de las disposiciones correspondientes.
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