Claudia Sheinbaum confrontó a su gabinete de seguridad por aceptar las acusaciones de Washington contra funcionarios y operadores mexicanos señalados de proteger al Cártel de Sinaloa, revela el Wall Street Journal. Entre los sancionados están Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila, y su hermano Luis Alfonso Torres.
REGIÓN GLOBAL — La presidenta Claudia Sheinbaum endureció su discurso frente a Washington después de dos años de privilegiar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, según un reporte de The Wall Street Journal que describe crecientes tensiones entre ambos gobiernos por las sanciones contra políticos y operadores mexicanos. El diario estadounidense reportó que la semana pasada Sheinbaum confrontó a integrantes de su gabinete de seguridad por la estrategia de congelar las cuentas de exfuncionarios mexicanos señalados por Estados Unidos de proteger operaciones del Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados está Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Washington lo acusa de utilizar su influencia política para facilitar las operaciones del grupo criminal y protegerlo de autoridades estatales. También fueron señalados su hermano Luis Alfonso Torres, de quien se dice recibía dinero ilícito para usarlo en asuntos políticos y campañas electorales, y Rafael Buenrostro, excolaborador de Ávila y jefe de la Aduana de Ciudad Juárez en 2025. Actualmente Buenrostro es seguidor de la candidatura de Julieta Ramírez, candidata morenista al Gobierno de Baja California. Otro de los señalados es Pedro Mendívil, exjefe de la Policía de Mexicali, cuya hermana Dulce María Mendívil García, subsecretaria Anticorrupción en la Administración de Ávila, también es promotora de Ramírez.
De acuerdo con fuentes citadas por The Wall Street Journal, la Presidenta cuestionó que sus colaboradores asumieran como válidas las acusaciones de Washington. Según esta versión, Sheinbaum se mostró particularmente severa con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y uno de sus colaboradores más cercanos, y sostuvo que las acciones estadounidenses formaban parte de un intento por desestabilizar a México y a su Gobierno. Finalmente autorizó el congelamiento de las cuentas, en parte para evitar un nuevo deterioro de la relación bilateral. Este episodio, plantea el diario, marca un cambio en el tono de la Presidenta, quien hasta ahora había colocado la cooperación con las agencias estadounidenses como uno de los ejes de su estrategia de seguridad. El propio Wall Street Journal resume el viraje con una frase: “Se harta Sheinbaum de ser amable con EU”.
En las últimas semanas, Sheinbaum ha elevado sus críticas contra las acciones de la Administración Trump y ha reivindicado la soberanía mexicana. En un mitin en el Zócalo, el pasado 27 de septiembre, la Presidenta dijo: “Los mexicanos no queremos injerencias, intervencionismo ni violaciones de nuestra integridad territorial”, en referencia a la presión estadounidense contra los cárteles y funcionarios mexicanos. Esta tensión se agudizó después de que el Departamento del Tesoro sancionara a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sheinbaum cuestionó que las sanciones estadounidenses constituyan por sí mismas una prueba de vínculos criminales. El 30 de septiembre sostuvo que la UIF encontró irregularidades financieras en cuentas de varios sancionados, pero no necesariamente nexos con organizaciones delictivas. “Eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, afirmó.
El episodio se suma a una serie de señalamientos que en las últimas semanas colocaron a Baja California en el centro del expediente NARCUS de Región Global. El 29 de septiembre de 2026, la OFAC sancionó a Carlos Torres como operador del cártel, en una serie de cuatro reportajes se documentó también la red financiera de Los Mayos, la narcocorrupción en Baja California y la conexión de Los Rusos con Mexicali. Ese mismo mes, The New York Times reveló que agencias estadounidenses analizan presuntos vínculos de Andy López Beltrán con el crimen organizado y el huachicol, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Marco Rubio autorizó la cancelación de la visa de su hijo. La detención de Iván Cazarín Molina, El Tanque, en Zapopan, añadió una pieza más: la conexión del CJNG con la red de socios del hijo del expresidente.
La postura de Sheinbaum, según el diario estadounidense, oscila entre la defensa de la soberanía y la necesidad de evitar un deterioro mayor de la relación bilateral. El congelamiento de cuentas que autorizó, pese a sus reservas, es la medida más concreta de esa contradicción: una acción que satisface a Washington pero que su propio gobierno cuestiona como prueba de vínculos criminales. Mientras tanto, en Sinaloa, la violencia persiste pese al operativo de 20 mil federales, y en Baja California la contienda electoral por el Gobierno del estado ya incorpora los nombres de los sancionados en su disputa interna.
— Este reportaje es parte del expediente NARCUS. —
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