La presidenta Claudia Sheinbaum concedió a las plataformas digitales un plazo máximo de 30 días naturales para documentar e informar cómo cumplirán las nuevas disposiciones federales sobre contenidos violentos. Si considera que no acatan el decreto, su Gobierno aplicará una ley que contempla sanciones.
CDMX — El plazo fue incorporado al decreto firmado por la mandataria en Palacio Nacional, después de una segunda reunión con representantes de empresas tecnológicas que solicitaron un mes para adaptar sus sistemas. Sheinbaum afirmó que las compañías aceptaron trabajar con el Gobierno y que la medida tendrá seguimiento institucional.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, precisó que las empresas deberán documentar e informar las acciones realizadas dentro de los 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será responsable de dar seguimiento a los avances reportados.
Entre las compañías que participaron en las reuniones se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. El plazo, por tanto, no se plantea como una prórroga informal: quedó incorporado al instrumento para establecer cuándo deberán informar las plataformas sobre las medidas implementadas.
La disposición introduce una primera etapa de cumplimiento y supervisión. Las empresas tendrán que documentar sus acciones; la Agencia dará seguimiento a sus informes y el Ejecutivo evaluará si considera atendidas las obligaciones. El plazo comenzará a correr a partir de la entrada en vigor del decreto, conforme a lo explicado por Alcalde.
La advertencia presidencial abre una segunda etapa posible. La consejera jurídica sostuvo que el decreto es obligatorio, pero no contempla sanciones específicas por incumplimiento. Sheinbaum, sin embargo, anticipó que promoverá una ley con castigos si su Administración considera que las plataformas no cumplen.
La diferencia es relevante: las obligaciones se establecen mediante el decreto, mientras que las sanciones anunciadas dependerían de una legislación posterior. La advertencia no equivale a que esas penalizaciones ya estén vigentes.
El siguiente punto será conocer qué acciones reportan las empresas al vencer el plazo, qué criterios utilizará la Agencia para evaluar sus avances y cómo justificará el Gobierno una eventual decisión de promover nuevas sanciones.
Los 30 días establecen el primer plazo de rendición de cuentas de las plataformas ante el Ejecutivo. Lo que todavía está por definirse es cómo se evaluará el cumplimiento y bajo qué reglas se establecerían las sanciones que la Presidenta ha anticipado.
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